CC.OO y UGT han exigido a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que recurra el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo aprobado por el Gobierno el pasado 20 de abril y que contempla, entre otras medidas, el aumento de hasta un 20 por ciento el número de alumnos por aula o el incremento de la jornada lectiva del profesorado.

En declaraciones a Europa Press, tanto el secretario general de Enseñanza de CC.OO en Andalucía, José Blanco, como su homólogo en FETE-UGT, Juan Carlos Hidalgo, han indicado que el Gobierno andaluz tiene que posicionarse "radicalmente en contra" de este posible aumento de las ratios y recurra esta norma que implicaría, en caso de aplicarse en Andalucía, que las clases de Infantil y Primaria estén conformadas por un máximo de 30 alumnos (ahora es de 25) y las de ESO y Bachillerato en 35 y 42, respectivamente.

Estas peticiones de los líderes sindicales se producen después de que este mismo jueves la nueva titular andaluza de Educación, Mar Moreno, haya afirmado que por el momento Andalucía mantiene las ratios vigentes en la actualidad, a expensas de la "reformulación" de los presupuestos autonómicos que la Junta tiene que hacer en las próximas semanas para ajustarse a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012. Para ello, tendrá que recortar al menos 2.696 millones de euros.

A Blanco, las declaraciones de este jueves de Moreno le han causado "sorpresa" porque esperaba que, tal y como se recoge en el acuerdo programático firmado por el PSOE-A e IULV-CA antes de formar el gobierno de coalición, hiciera una "defensa firme" de las actuales ratios, algo que, en su opinión, "no ha hecho".

Hidalgo ha indicado que, a pesar de la "asfixia legislativa y económica a la que el Gobierno central está sometiendo a la Junta", Educación debe dejar las ratios "como están". "Sabemos que no es una medida que la Consejería establecería por gusto, sino que viene atada a los Presupuestos Generales, pero creemos que antes de tocar las ratios posiblemente haya que tocar otros programas que afectan menos a la calidad de la educación", añade, tras apuntar que el decreto del Gobierno tiene "visos" de inconstitucionalidad al "invadir" ciertas competencias autonómicas.

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), consideran "desproporcionadas e injustificadas" estas nuevas medidas porque, según ha advertido en un comunicado, "detrás de ellas puede ocultarse un cambio de modelo educativo".

"Aumentar ratios, aumentar la jornada lectiva del profesorado, disminuir las plantillas, reducir la oferta educativa, acabar con los programas de atención a la diversidad y endurecer hasta límites difíciles de comprender las condiciones laborales del profesorado van a producir muchos más problemas de los que van a resolver", alertan.