Ocho funcionarios de la Junta de Castilla y León que en su día fueron imputados por el instructor del caso Gürtel en esta comunidad autónoma han quedado definitivamente fuera de este asunto al haber sido denegada la solicitud de nuevas pruebas que planteaba la Fiscalía Anticorrupción, según dos autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad hechos públicos ayer
El de mayor rango de todos estos funcionarios es el actual director general de Carreteras e infraestructuras, Luis Alberto Solís.
No obstante, aún quedan pendientes de resolver por la sala del Tribunal Superior los recursos interpuestos directamente por el exdiputado Jesús Merino (exvicepresidente y exconsejero de Fomento de la Junta de Castilla y León), y Luis Bárcenas, extesorero del PP.
En el auto que en su día dictó el magistrado instructor de este asunto se resolvía la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, en León, en 2002.
En otro orden de cosas, el presunto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, ha solicitado al juez que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la conocida como causa de financiación irregular del PPCV, declarar por videoconferencia por su estado de salud, según fuentes conocedoras del procedimiento.
Correa está citado a declarar este martes, día 15 de mayo, junto al presunto número dos de la trama, Pablo Crespo.
Su abogado envió esta petición por escrito hace un par de días al magistrado José Ceres, alegando que sufre un alto nivel de ansiedad, el mismo argumento que ha usado en ocasiones anteriores.