Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que garanticen el derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión, en relación con los actos convocados por el 15-M, y recuerda que se pueden imponer restricciones en interés de la seguridad, garantizando que son necesarias.

En un comunicado, la organización explica que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de toda persona a participar en reuniones lícitas y pacíficas.

Según el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, el ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, "pero se deben garantizar que son necesarias y proporcionadas, que se protege la libertad de expresión y de manifestación pacífica y que en ningún caso se hace un uso excesivo de la fuerza".

En este sentido, apunta que tanto la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una "manifestación pacífica" puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros.

Amnistía asegura que en el caso de que se produjeran incidentes durante las manifestaciones, son las personas que presuntamente hayan cometido dichas infracciones quienes deberán responder por las mismas y no los organizadores.

En este sentido, indica que las autoridades deben garantizar lugares públicos, fácilmente accesibles al público en general, para que se celebren asambleas o concentraciones.

"Acampar también puede ser considerado como una legítima manera de protestar. El derecho a la reunión pacífica puede incluir acciones que de manera temporal pueden causar molestias u obstrucciones a los demás. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido claro en señalar que los manifestantes deben tener la suficiente oportunidad de demostrar sus opiniones", indica Esteban Beltrán.

La organización explica que ha remitido una carta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mostrando preocupación por una posible reforma del Código Penal para incorporar la figura de "resistencia pasiva" como atentado contra la autoridad, para imputar a aquellos que convocasen cualquier manifestación que pudiera desencadenar en actos violentos, o la elevación de las penas del delito de atentados contra agentes de la autoridad.

"Nos preocupa que este anuncio sobre una posible reforma del Código Penal, realizado por el Ministro del Interior, se transforme en un intento de limitar derechos tan fundamentales como la libertad de reunión y manifestación pacíficas", opina el director de Amnistía Internacional España.