Un total de 2.004 ayuntamientos no han presentado los planes de ajuste solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de los 2.619 registrados, 315 han tenido una valoración negativa, según anunció ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Beteta, que habló de "El futuro de los Gobiernos locales en España" en un desayuno organizado por la Fundación Democracia y Gobierno local, se refirió a los planes que Hacienda exige para poder acogerse a las ayudas para el pago a proveedores, que empezará a ejecutarse "antes de final de mayo".
Al respecto, explicó que 4.623 entidades locales presentaron casi dos millones de facturas por valor de 9.750 millones de euros, si bien finalmente se liquidarán 1.629.322 facturas.
Además, 2.619 entidades remitieron los planes de ajuste, de los que 2.305 pasaron los controles.
El secretario de Estado ha agregado que los 2.004 que no los han enviado "tampoco cumplen con la obligación" de someterse a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Tras calificar esta situación de "intolerable" y de insistir en que no se repetirá al estar en vigor la ley de Estabilidad Presupuestaria, Beteta dio "datos escalofriantes" derivados de estos planes de ajuste, como que un pueblo de Guadalajara requerirá 7.058 años para saldar su deuda; otro de Teruel, 462; y uno "importante" de Madrid, 22.
Irresponsabilidad
Beteta atribuyó esta situación a la irresponsabilidad de los gestores locales y reconoció que "ha fallado el sistema", desde los controles municipales a los de las diputaciones, comunidad autónoma y el mismo Ministerio.
Según aseveró, con la ley de Estabilidad no se podrá gastar más de lo que se ingrese, ya que de lo contrario habrá sanciones que pueden suponer la disolución de las corporaciones y la inhabilitación de sus gestores.
Beteta recordó que el 95% de los ayuntamientos tienen menos de 20.000 habitantes, lo que distingue a España del resto de socios europeos, por la que ve inevitable una reordenación, que considera que debe abordarse desde el consenso y al margen de las ideologías.
Igualmente, se mostró partidario desde la Administración central a promover "mecanismos de ayuda" para la integración o agrupación de municipios, que debe hacerse de forma voluntaria y con colaboración de la comunidad autónoma, y puso el ejemplo de Galicia, donde ya dos municipios han iniciado el proceso de fusión.
A su vez, abogó por fortalecer el papel de las Diputaciones y agregó que su supresión no supondría un ahorro, sino "trasladar el gasto", ya que serían otras instituciones locales las que tendrían que prestar sus servicios.