La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, Mercedes Alaya, impuso ayer una fianza de 807.403.232 euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, destinada a afrontar sus futuras responsabilidades civiles y no a eludir la prisión que cumple desde el 24 de abril.
En varios autos notificados a las partes, Alaya acuerda pedir a la Junta información sobre las ayudas tramitadas a través de una partida presupuestaria nueva, la 22.E.4., así como solicitar todos los ERE "que no están en vigor" y requiere a la Policía que investigue ayudas a 24 empresas.
Fuentes del caso concretaron que la fianza responde a las ayudas que abonaron las agencias andaluzas IFA e IDEA a través de la partida 31.L entre 2001 y 2010, así como las primas pagadas a distintas empresas y ayudas individuales a varios perceptores.