El juez de Alicante que lleva la rama del caso Brugal en torno a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital ha urgido al juzgado de Orihuela donde se inició la investigación a que le envíe el resto de la documentación que le afecta.
Fuentes judiciales han informado de que el titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, el magistrado Manrique Tejada, ha emitido una providencia en la que recuerda a la jueza del juzgado número 3 de Orihuela (que ocupa ese destino desde el pasado enero) que ya han transcurrido unos meses desde el exhorto que le dirigió pidiendo esa documentación.
Después de tomar declaración a varias decenas de personas entre imputados y testigos, el magistrado Tejada mantiene la investigación prácticamente paralizada a la espera de que Orihuela le remita esta documentación relativa al PGOU alicantino aparecida gracias a los registros de julio de 2010 al constructor Enrique Ortiz, imputado y considerado principal beneficiado de las supuestas irregularidades.
Esos registros fueron efectuados por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y se llevaron a cabo tanto en su oficina del Grupo Cívica como en su yate, amarrado en el puerto de la ciudad.
En la misma providencia, el juez de Alicante señala que si en un tiempo razonable no recibe la documentación solicitada ni ninguna explicación que justifique la demora, se dirigirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que éste haga las averiguaciones pertinentes.
Además de Ortiz, en esta pieza del Brugal aparecen como implicados el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y su sucesora y actual regidora, Sonia Castedo, ambos del PP, quienes sólo podrían ser imputados por el TSJCV por su condición de diputados autonómicos.