El Gobierno de coalición UPN-PSN no ha llegado a cumplir un año a pesar de que la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, y el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, lo defendieron en su día por la necesidad de contar con un Ejecutivo "estable" y "fuerte" para salir de la crisis.

El 21 de junio de 2011 ambos líderes suscribieron el acuerdo que diez días después posibilitó la toma de posesión de un Gobierno, dijeron, capaz de hacer frente a la situación económica.

Pero la crisis financiera se ha tornado para el PSN en una "crisis de confianza", decía el jueves Jiménez, al hablar de las cuentas públicas, mientras que Yolanda Barcina le ha reprochado "un comportamiento desleal" al destituirlo la pasada madrugada.

Entre las críticas de Izquierda-Ezkerra a un Gobierno "sin margen" de maniobra para políticas progresistas, las del nacionalismo por "un fraude" al electorado que mayoritariamente había votado por un cambio político, y las del PP a un Gobierno surgido "de la conveniencia de las partes" que "no del convencimiento", Barcina fue elegida presidenta de Navarra el 1 de julio con los votos de UPN y PSN y sus consejeros tomaban posesión un día después.

Desde entonces ha habido sucesivos momentos de tensión superados con el argumento de afrontar la crisis, crear empleo y dar estabilidad de Navarra, a pesar del creciente malestar en las filas del PSN por los sucesivos recortes, lo que hizo que en el mes de abril Jiménez revalidara su cargo de secretario general frente a Manuel Campillo, pero con una evidente pérdida de apoyos.

Así en mayo, cuando Economía y Hacienda anunció que era necesario un ajuste de casi 54 millones para cumplir con el déficit, UPN y PSN negociaron durante días un nuevo pacto que el día 11 suscribieron Barcina y Jiménez, quienes lo calificaron de "satisfactorio" para las dos partes y "positivo" para la ciudadanía.

El 1 de junio, sin embargo, Economía y Hacienda hizo pública una caída de los ingresos del 13,5% que obligaba a un nuevo ajuste por importe de 132 millones, un dinero que bloqueó el titular de esta cartera, Álvaro Miranda, con una Orden foral.

Fue una decisión "unilateral" en contra del criterio "taxativo y expreso, según aseguró el PSN, mientras que UPN dijo que Jiménez había cambiado de criterio después de dar su visto bueno.

Sea como fuere, la consecuencia, anunciada esa misma tarde por el PSN, fue "una crisis de Gobierno" que se prolongó hasta el día 7 cuando, otra vez, Barcina y Jiménez acordaban "reformular" el pacto de Gobierno de 2011 y mantener bloqueados los 132 millones hasta concluir un análisis detallado de las cuentas públicas.

Crisis de confianza

Ninguno de los dos negó la necesidad de nuevas medidas, pero para los socialistas se había abierto "una crisis de confianza" ante unas cuentas cambiantes de las que Jiménez culpó a Miranda al asegurar que el "agujero" real era aún mayor y se remitió a Barcina para cualquier decisión con respecto al consejero de Economía.

Con estas declaraciones realizadas a primera hora y una "bronca monumental" el día anterior entre UPN y PSN, cuando este partido, indicaron los regionalistas, "presionado" por los sindicatos presentó "por su cuenta" una enmienda a un proyecto de ley del Gobierno, la jornada del jueves fue tensa y estalló a primeras horas de la noche.

Roberto Jiménez avisó a Yolanda Barcina de que la dirección del PSN acababa de pedir una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno y le culpaba a ella de la situación de las finanzas públicas, una cuentas que el líder socialista le "exigió" que hiciera públicas.

La respuesta de Barcina, por teléfono y de madrugada, ha desembocado en la destitución del vicepresidente primero y la réplica inmediata por parte de los socialistas, la dimisión de sus otros dos consejeros y la orden cursada a todos los altos cargos socialistas en el Gobierno de que "recojan sus cosas".