La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha denunciado que, actualmente, hay unas 200.000 personas en España que no están pagando por sus medicinas porque utilizan la tarjeta de un pensionista para adquirirlos gratis en las oficinas de farmacia. Así lo ha señalado este lunes en el marco del Foro ''Ideasálogo en Sanidad'' organizado por Farmaindustria y Europa Press, donde además ha avanzado que el departamento que dirige impulsará ayudas para que las familias numerosas paguen menos por los medicamentos.
El hecho de que existan unas 200.000 personas en España que no están pagando por sus medicinas ha salido a la luz, según ha explicado Mato, durante la actualización de datos realizada por Sanidad, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, para poner en marcha el nuevo copago farmacéutico que entrará en vigor el próximo 1 de julio y por el que los pensionistas pasarán a pagar un 10% del precio de sus medicinas.
Al cruzar los datos con Hacienda y la Seguridad Social y "poner al día" la base de datos de los 45 millones de españoles, se ha descubierto que hay "800.000 personas que tenían tarjeta sanitaria como beneficiario dependiendo de un titular cuando tenían derecho a tener una tarjeta de titular". "Y, de esas, 200.000 personas no estaban pagando medicamentos porque tenían la tarjeta de un pensionista, cuando tenían rentas suficientes como para afrontar ese pago", ha explicado.
Esta situación, no obstante, acabará a partir de la próxima semana cuando entre en vigor el nuevo sistema de copago que, según adelantado la titular de Sanidad, "se va a poner en marcha sin problemas".
"Me consta que las comunidades están haciendo un esfuerzo importante", ha reconocido la ministra, confiada de que ninguna vaya a "incumplir la ley" y se niegue a aplicar los nuevos porcentajes de copago. "No me lo planteo", ha zanjado.
Además, la titular del ramo ha explicado que el reembolso a aquellos pensionistas que sobrepasen el tope de 8 ó 18 euros mensuales (en función de su renta) que pueden copagar se hará "trimestral o semestralmente" y se ingresará en la misma cuenta bancaria en la que se les ingrese la pensión. Sin embargo, ha reconocido que las comunidades son "autónomas" para buscar otra fórmula, y siempre que cumplan los plazos establecidos por la ley.
DESFINANCIACIÓN DE ALGUNOS GRUPOS DE MEDICAMENTOS
Por otro lado, Mato ha defendido la desfinanciación de determinados grupos de medicamentos, siempre que se trate de aquéllos con escaso valor terapéutico, que sirvan para síntomas menores y cuyo precio sea bajo.
No obstante, ha avanzado que su departamento está estudiando algún tipo de ayudas para que las familias numerosas paguen menos por sus medicinas. "Las familias numerosas se merecen una excepción", ha señalado la ministra.
En este punto, Mato ha lamentado que en la modificación del copago farmacéutico no se haya podido establecer ninguna categoría especial para su copago de medicamentos "por motivos técnicos", ya que los nuevos baremos se han centrado en la renta y la edad.
Pese a todo, ha añadido, "en el futuro buscaremos la manera para que las familias con más hijos tengan alguna posibilidad de pagar menos", apuntando que una opción podría ser que el pago fuera "por unidad familiar" y no por individuo como hasta ahora.
Asimismo, a partir del uno de julio, los trabajadores activos pasarán de pagar un 40 por ciento del precio de sus medicamentos a hasta un 50 ó 60 por ciento, en función de si sus ingresos son superiores a los 18.000 o 100.000 euros anuales.
DISUADIR DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO NECESARIOS
El objetivo de todas estas medidas, según ha recordado, es "disuadir de la compra de medicamentos que no son necesarios". "Todos tenemos en casa un botiquín de medicamentos, y muchos acaban en la basura", ha asegurado Mato, cifrando este dato en 3.700 toneladas de medicamentos.
Además, ha defendido el resto de medidas incorporadas en el Real Decreto-Ley de reformas sanitarias con el que inicialmente se pretendían ahorrar 7.000 millones de euros. Pero Mato ha asegurado que al final se va a conseguir un ahorro de 400 a 500 millones más de los previsto gracias al "esfuerzo" realizado por las comunidades.
La ministra ha defendido también la apuesta del Gobierno para subsanar el pago a proveedores y acabar con la deuda del Sistema Nacional de Salud (SNS), que actualmente asciende a unos 16.000 millones de euros y afecta entre otros a la industria farmacéutica, a quien ha pedido que sigan "apostando" por la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos.
Durante el evento, Mato ha estado acompañada por numerosos miembros del Gobierno como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Luis de Guindos, Fátima Bánez y José Manuel Soria, así como otras autoridades como el presidente del Congreso, Jesús Posada, los presidentes autonómicos de Madrid, Esperanza Aguirre; Murcia, Ramón Luis Valcarcel; y Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
También han estado presentes en el acto numerosos representantes de los colegios profesionales, la industria farmacéutica, sociedades científicas y el sector de la sanidad privada.
REUNIÓN CON LAS CCAA
Tras el Foro ''Ideasálogo en Sanidad'' de este lunes, la ministra de Sanidad ha convocado para este miércoles, 27 de junio, una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para dar desarrollo con las comunidades autónomas a algunas de las medidas ya recogidas en la reforma sanitaria presentada en abril.
Entre ellas se incluyen el copago de los productos dietoterápicos y ortoprotésicos o la actualización del listado de medicamentos financiados, que podría reducirse para dejar de incluir algunos fármacos obsoletos o para síntomas menores.
Una vez definido el copago de medicamentos, la reunión, que comenzará a las 17.00 horas e incluye 30 puntos en su orden del día, abordará el copago ciudadano de otros productos, los ortoprotésicos o los dietéticos, incluidos en la nueva cartera de servicios suplementarios creada por el Gobierno y que también estarán "sujetos a la aportación del usuario".
Ante el decreto de recortes sanitarios aprobado por el Gobierno central, la Junta de Andalucía va a interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra esta normativa al entender que lo "desmonta" al dificultar el acceso "efectivo" de los ciudadanos a los servicios sanitarios.
Así lo ha anunciado este lunes tras un acto en Los Gallardos (Almería) el presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, quien ha indicado que la norma aprobada "vulnera" la Constitución al "no garantizar" el derecho a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna y se lo "hurta" a los inmigrantes y a los colectivos "más desfavorecidos".