El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, exigió ayer al Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, que retire la subvención de 9.000 euros concedida a un documental sobre los presos de ETA que, a su juicio, supone un claro indicio para una posible ilegalización de la formación abertzale.

Fernández Díaz asegura en un comunicado que la subvención "choca frontalmente" con los fundamentos jurídicos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha legalizado Sortu, y observa "claros indicios" para una posible ilegalización de una formación "que pretende promocionar valores de una organización terrorista desde las instituciones".

Recuerda que el fundamento jurídico 15 de la sentencia persigue el "ensalzamiento de los autores de acciones terroristas o su presentación como víctimas o héroes" así como la realización de actos públicos que entrañen "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares".

"Bildu puede estar incumpliendo ese fundamento de la sentencia que establece claramente las conductas por las que se puede ilegalizar un partido político y no lo vamos a permitir. La sentencia hay que acatarla en su totalidad y no nos va a temblar el pulso para pedir que esos fundamentos jurídicos elaborados para Sortu se establezcan también para Bildu", alerta.

A pesar de estas advertencias, fuentes del Ministerio del Interior subrayaron que el Gobierno no se está planteando por ahora promover o iniciar un proceso de ilegalización de Bildu.

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián concedió el pasado viernes una subvención de 9.000 euros a un documental sobre cinco presos de ETA, titulado "Barrutik begirako leihoak" ("Ventanas al interior"), con el rechazo del PSE-EE y del PP. Ese mismo día, el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, anunció que el Ejecutivo central no permitiría que con dinero público "se exalte a los terroristas y se humille a las víctimas", y avanzó que recurriría la subvención ante los tribunales.

El alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, consideró ayer que las manifestaciones del ministro sobre las subvenciones al documental son "exageradas" y están "fuera de lugar". Asimismo, enfatizó que, "en principio, se mantendrá la decisión adoptada por el ayuntamiento".

A su vez, lamentó que se está "saliendo de madre un asunto sin la menor importancia", ya que se trata de una ayuda "como otras tantas" otorgadas por el departamento de Cultura y la Alcaldía.

Mientras, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, advirtió de que su formación "verá" las cláusulas de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu por si Bildu "debe ser ilegalizada".

También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) exigió al Gobierno que sea "firme" y pida ya la ilegalización tanto de la coalición que gobierna la capital guipuzcoana como de Sortu.

En esta misma línea se pronunciaron la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que afirmaron que el documental es "una prueba más" de que Bildu y Sortu forman parte del "entramado de Batasuna y la banda terrorista" ETA.