El exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón y la exresponsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) María Ángeles Mallent, ambos imputados en el denominado caso Nóos que investiga los contratos entre la Generalitat y este instituto que presidió Iñaki Urdangarín, han defendido hoy la legalidad de esas operaciones.

Los dos han prestado declaración esta tarde en la Ciudad de la Justicia de Valencia ante el juez instructor del caso, José Castro, que se ha desplazado desde Mallorca para confirmar las declaraciones de testigos e imputados en esta pieza separada del caso Palma Arena.

Según ha informado la letrada del sindicato Manos Limpias, Virginia López -la única representante de las partes, además del Ministerio Fiscal, que ha informado a los periodistas- tanto Lobón como Mallent "han perdido la memoria".

"Nadie sabe nada, todo el mundo es muy bueno y aquí nadie ha hecho nada. Lobón no ha apuntado hacia ningún superior, ha perdido la memoria totalmente, no se acuerda de quién le dijo que tenía que firmar un acuerdo con Nóos, ni si le dieron papeles, ni en qué consistía el proyecto, solo sabe que era interesante y que había que darle trámite para entregar nada menos que 1,5 millones de euros", ha explicado esta abogada.

Siempre según Virginia López, la exresponsable jurídica de CACSA María Ángeles Mallent ha asumido que no realizó ningún informe previo a la contratación con Nóos al considerar que no era preceptivo.

"Es cierto que CACSA es una sociedad anónima, pero cuando se firman convenios de colaboración relativos a servicios o este tipo de trabajos se requieren informes previos", ha opinado.

A su juicio, existen contradicciones entre tres de los cuatro imputados que han declarado hoy (Elisa Maldonado, Luis Lobón y María Ángeles Mallent; la cuarta ha sido Isabel Villalonga) ya que mientras Maldonado y Lobón han reconocido la existencia de un canon que Nóos exigía y que CACSA pactó con Diego Torres, socio de Urdangarín, Mallent asegura que no oyó nunca hablar de tal canon.

López considera que estos tres imputados se han puesto de acuerdo en una misma línea de defensa y no descarta la posibilidad de que se pueda llamar a declarar a alguien más.

Preguntada por la declaración de empleados de la empresa Lobby Comunicación, propiedad de otro de los imputados en la causa, Miguel Zorío, la letrada de Manos Limpias ha explicado que existen dudas respecto a los servicios realizados por Lobby respecto al contrato entre la Generalitat y Nóos para la preparación de unos Juegos Europeos en Valencia, y que dieron pie a la emisión de diferentes facturas a favor de la firma de Urdangarín.