Las principales asociaciones de jueces coinciden en reprobar y considerar un mal ejemplo que el expresidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Dívar pueda cobrar una indemnización de más de 208.000 euros después de renunciar al cargo, y creen que la ley no debería permitirlo.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, consideró que esa indemnización es un beneficio económico que se da por la prestación de una función pública y que "carece de toda lógica que pueda recibirlo aquella persona que ha renunciado a desempeñar esa función de alta relevancia".
Lo mismo piensa el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que ve difícilmente comprensible por parte de los ciudadanos que en un momento de sacrificio como este se abonen indemnizaciones de tan elevada cuantía e incluso desproporcionadas.
Asimismo, Bosch cree también que hay "dudas jurídicas" sobre si debe recibir la indemnización al haber renunciado a su cargo y entiende que el Parlamento debería plantearse la modificación de este régimen indemnizatorio.