El PSOE registró ayer en el Congreso las más de 600 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 con las que propone crear nuevos impuestos, retirar las subidas del IRPF y el IVA, y aumentar las partidas de gastos en más de 7.000 millones de euros.
La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, y la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, presentaron en rueda de prensa las propuestas de cambio en las cuentas del próximo ejercicio, que ven "claramente inútiles porque serán cambiadas necesariamente ya que no recogen la realidad económica", además de "claramente injustas y equivocadas".
"Los Presupuestos se basan en la senda de ajuste duro únicamente, recortando políticas de gasto necesarias para crecer y para la cohesión social, y sin estímulos al crecimiento. Otro ajuste es posible, se puede hacer de una forma razonable y con un calendario adecuado. Esto es una carrera de fondo, no de velocidad, por lo que hay que hacer los ajustes racionalmente y con medidas contracíclicas para que la economía no se ahogue", dijo Soraya Rodríguez.
La responsable de Economía del partido desgranó las propuestas socialistas en materia de ingresos, que pasan por "captar más de los que más tienen" y "devolver a quienes menos tienen".
Subida del IVA
Por eso, lo primero que reclamaron es suprimir la subida del IVA y el gravamen complementario del IRPF, y devolver los 5.363 millones de euros recaudados con estos incrementos impositivos a los ciudadanos.
La idea es "mantener la situación previa a la subida" ya que el incremento del IVA decidido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 es "lo máximo que pueden pagar los españoles", que no pueden aguantar un mayor empobrecimiento.
Además, en el IRPF el PSOE también sugiere limitar las deducciones en vigor, muchas de las cuales son "tremendamente injustas porque benefician a las rentas más altas", explicó entre otras cuestiones más. En concreto, limitar las deducciones por aportaciones a planes de pensiones y sistemas de protección social supondrían 750 millones más, mientras que limitar la deducción por obras de hasta 12.000 euros en la vivienda contribuiría con 350 millones a las arcas públicas.