Unas 90.000 personas con discapacidad y sus familiares, según la organización, se manifestaron ayer en Madrid en una marcha convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), cuyo objetivo era denunciar "el recorte de derechos" que el colectivo ha sufrido con la crisis. En la víspera del Día Internacional y Europeo de la Discapacidad y bajo el lema "SOS Discapacidad: Derechos, ilusión y bienestar a salvo", esta marcha reunió, "por primera vez de forma unitaria, a todo el colectivo, según el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez.

Para la organización, "la discapacidad va a acabar siendo una zona catastrófica mientras las administraciones autonómicas y locales adeudan al sector y a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro más de 300 millones de euros por bienes, productos y servicios entregados o prestados y o pagados". Una deuda que "crece en vez de reducirse" debido a los "retrasos acumulados de meses, e, incluso, años, en el abono de deudas por servicios directos a personas con discapacidad, que son de obligación pública pero que llevan a cabo las organizaciones sociales".

O sea, "un nivel de deuda disparada que asfixia a las estructuras de la discapacidad y que está llevando al colapso a una enorme cantidad de recursos, dejando absolutamente desasistidas a decenas de miles de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo", apuntó el Cermi.

Pérez Bueno señaló que la intención de esta marcha era "hacer ver a los gobiernos y a la ciudadanía que no se puede salir de esta crisis sin las personas con discapacidad y sin tener pleno respeto a sus derechos" que, según denunció, "no se están cumpliendo".

A su juicio, estos años están siendo "un museo de los horrores" para los discapacitados y sus familias "con la reducción drástica de apoyos públicos" que afectan, entre otros ámbitos, al empleo del colectivo. En este sentido, indicó que "más de 60.000 empleos de los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España pueden desaparecer mañana mismo por los recortes".

El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, manifestó que "los derechos que se pierdan ahora no se van a volver a conseguir". "Por eso queremos hacer reflexionar a la sociedad española, para que nos ayuden a mantener lo que tantos años nos ha costado", ha indicado.

Además, ha denunciado que el Gobierno siempre haya tenido al colectivo de los discapacitados "a la cola" y ahora "lo pongan de primero en los recortes". A su juicio, era necesaria esta manifestación "para que la clase política reflexione y sea consciente de priorizar y no poner a los colectivos más desfavorecidos en la diana de los recortes".

Desde UGT se denunció el difícil acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad debido a los "constantes recortes" en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y para 2013 y al "deterioro" de las políticas activas de empleo, lo que supone un "retroceso sin precedentes". De hecho, la última reforma laboral supuso una caída del 22%, con respecto al año anterior, de la contratación indefinida de los discapacitados, según datos del Servicio Público de Empleo.

Desde el PSOE, ayer se criticó que el Gobierno haya expulsado a los discapacitados de la sociedad con "brutales" recortes presupuestarios y con el "desmantelamiento" de la Ley de Dependencia, calificando los socialistas de "inadmisible" el recorte de los fondos a la dependencia y la rebaja de las prestaciones económicas a los cuidadores familiares de estas personas.