El Gobierno estudia aumentar el umbral de beneficiarios del Código de Buenas Prácticas en función de las cargas familiares, según ha anunciado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos.

De Guindos ha hecho esta consideración durante la defensa en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, una norma, en trámite parlamentario, que el Ejecutivo prevé completar mediante la presentación de enmiendas parciales, que quiere consensuar con los grupos.

En cuanto al Código de Buenas Prácticas, que contempla la reestructuración de la deuda hipotecaria y la dación en pago, De Guindos ha explicado que el Ejecutivo prevé aprobar nuevas medidas, entre las que destaca que si el banco rechaza la reestructuración de la deuda que propone el deudor, tendrá que justificarlo por escrito.

De la misma manera, el interés de demora de los alquileres para quienes opten por la dación en pago se reducirá del 20 % al 10 %, según ha manifestado el ministro.

Durante su intervención, de Guindos también ha hecho balance de la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas y ha indicado que de marzo a diciembre de 2012, registró 1.500 solicitudes, de las que se resolvieron 800.

En 317 casos se reestructuró la deuda, y en 78, se aprobó la dación en pago.

En el último trimestre de 2012, se registraron 140 casos de reestructuración y 36 daciones en pago.

En cuanto a las propuestas que el PP presentará mediante enmiendas parciales al proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, el ministro ha explicado que el Gobierno propone que los jueces puedan condonar la deuda que le quede al deudor por buen pago.

Así, el juez podrá condonar una deuda superior al 75 % de la hipoteca a partir del 5 año de vida del crédito, y del 80 %, en el caso de que esta tenga más de 10 años.

El ministro también ha manifestado que si la entidad financiera obtiene una plusvalía al vender la vivienda, se puede reducir la deuda.

Además, el Gobierno prevé limitar el interés de demora de las hipotecas, dar potestad a los jueces para reducir las deudas que les quedan pendientes a las familias víctimas de desahucios por impago de la hipoteca, y limitar a 30 años el plazo máximo para conceder una hipoteca de vivienda habitual.

Además, el Ejecutivo quiere reforzar la independencia de las sociedad de tasación con respecto a las entidades financieras, por lo que se limitará la presencia de los bancos en el accionariado de las sociedades (del 25 % al 10 %).

Las entidades de crédito también tendrán que "aceptar cualquier tasación homologada de un bien que aporte el cliente" y el incumplimiento de este precepto será sancionable, ha manifestado el ministro de Economía.

Según De Guindos, el Gobierno también quiere que los consejos de consumidores y usuarios puedan requerir al Banco de España sanciones contra las tasadoras, en tanto que propone equipar la subasta judicial a la extrajudicial.

En este sentido, el Ejecutivo también propone la posibilidad de llevar a cabo subastas "on line".

En cuanto a las cláusulas abusivas, el ministro ha propuesto que se refuerce la aceptación por parte de los usuarios de que entienden dichas cláusulas.

Por último, el ministro ha explicado sobre el fondo social de vivienda constituido el pasado 17 de enero, que la próxima semana estará en funcionamiento su comisión de coordinación y seguimiento.