El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recalcado este miércoles que es la Justicia la que tiene que dilucidar la licitud o ilicitud de los 10,9 millones que el extesorero del PP Luis Bárcenas asegura haber regularizado aprovechándose de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP.
Así lo ha explicado Montoro en los pasillos del Congreso tras conocerse que el propio Bárcenas ha entregado pruebas en la Audiencia Nacional de que se acogió a ese proceso especial de regularización.
El titular de Hacienda, que ha enmarcado la presentación de estas pruebas por parte de Bárcenas en su "legítima estrategia" de defensa, considera que se está demostrando que la "Justicia y la Agencia Tributaria están "funcionando". "Y, a partir de ahí, debemos ver cuáles son las conclusiones a las que llegan todos esos procesos", ha añadido.
A TRAVÉS DE INTERPUESTOS
Montoro se ha reafirmado en los argumentos que ya expuso la semana pasada durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, incidiendo en que Bárcenas no se acogió a la regularización "como persona física" ni como "persona jurídica", sino "a través de interpuestos".
"Pero eso --ha remarcado-- no afecta para nada a los procesos en marcha. La regularización no afecta a esa situación judicial ni de seguimiento de control administrativo al que pueda estar sometido".
Preguntado si la regularización seguiría siendo válida si el dinero de Bárcenas procediese de actividades ilegales, el ministro ha respondido que "esa será la cuestión que tendrá que dilucidar la Justicia".