El expropietario de la Policlínica Miramar Cristóbal Pizá, quien este lunes se ha sentado en el banquillo acusado de apropiarse -junto a su exsocio Miquel Dalmau, ya fallecido- de al menos 708.000 euros de los ingresos del centro, ha alegado que la gestión económica de la instalación sanitaria "no era mi incumbencia; mi incumbencia eran los enfermos", responsabilizando de ello a su exsocio en la Policlínica.

Durante el juicio que ha arrancado este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, Pizá, para quien la acusación particular, ejercida por el conocido doctor Pablo Ramis, solicita cinco años de cárcel por un delito de apropiación indebida y una indemnización de 1,4 millones de euros, ha insistido en que "nunca" ha llevado a cabo "ningún desfalco" como tampoco ha cobrado "dinero negro". "Sólo he cobrado por mi trabajo", ha espetado.

Sin embargo, durante su turno como testigo, Ramis ha llegado a aseverar que Pizá "se ha portado como un cerdo" por haber "denostado" a Dalmau y haberle inculpado "de todas las irregularidades". "Que cargue las tintas a su amigo muerto me ha afectado mucho", ha manifestado en su declaración ante el tribunal.

De hecho, ha asegurado que fueron tanto Pizá como Dalmau quienes "se llevaban el dinero" de la Policlínica a través de una de sus sociedades, atribuyéndoles a ambos la asunción de las cuestiones económicas de la Policlínica. Es más, ha apuntado que la actividad de Pizá en los asuntos médicos "era mínima" puesto que prácticamente llevaba la gestión diaria del centro.

Según la acusación, ejercida por el letrado Fernando Mateas en representación de Ramis, postula que tanto Pizá como Dalmau se pusieron de común acuerdo para apropiarse de estos fondos, procedentes de los ingresos médicos prestados por el departamento de medicina interna que dirigía Ramis.

Unas partidas que eran gestionadas por la Asociación Médico Balear (Ameba), de la que depende la Policlínica Miramar y de la que Pizá, defendido por Gabriel Garcías, y Dalmau eran presidente y consejero, respectivamente. Una vez cobradas, señala el escrito, debían ser ingresadas en las cuentas del servicio de medicina interna aunque, en lugar de ello, fueron a parar al patrimonio de Ameba siguiendo "expresas instrucciones" de los dos imputados. (HABRÁ AMPLIACIÓN)