El PSOE y Convergència i Unió (CiU) preguntarán el miércoles en el Congreso al ministro de Economía, Luis de Guindos, cómo piensa adecuar la Ley Hipotecaria para ajustarse al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que esta semana ha publicado una sentencia en la que afirma que la normativa española vulnera la legislación comunitaria de protección al consumidor.
Socialistas y nacionalistas catalanes adelantan así el debate sobre un asunto que se tratará las próximas semanas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley Antidesahucios y de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago retroactiva, cuyo plazo de enmiendas se ha retrasado por petición de CiU y el PP hasta el día 21 para dar margen a los grupos políticos para incluir en sus propuestas de modificación del articulado los aspectos que el Tribunal de Luxemburgo censura en su sentencia.
Así, la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, y el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, han registrado sendas preguntas para la Sesión de Control al Gobierno del Pleno acerca de cómo y cuándo se va a adecuar la normativa española a una sentencia que "desautoriza" la regulación hipotecaria por "no permitir suspender cautelarmente" los desahucios.
EL GOBIERNO ACATA LA SENTENCIA
Y es que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguraron tras conocer el fallo del TJUE que se acataría la resolución y que se modificaría la normativa necesaria para hacer cumplir esas previsiones de protección del consumidor, si bien ninguno de los dos precisó cómo se materializaría ese cambio.
De hecho, nada más conocerse el fallo europeo los socialistas exigieron al Gobierno que se paralizaran todos los desahucios en tanto en cuanto no quede aprobada la nueva normativa, y los nacionalistas catalanes pidieron una reunión urgente de todos los grupos para estudiar este asunto.
Por su parte, el portavoz ''popular'' en la Cámara baja, Alfonso Alonso, afirmó que los cambios que el Gobierno tiene intención de incluir en la Ley Antidesahucios ya prevén una mejora de la protección ante cláusulas abusivas, intereses de demora o impagos mínimos para poder iniciar la ejecución hipotecaria, y defiende que la dación en pago no tiene "nada que ver" con la sentencia del TJUE y no se aceptará con carácter general y retroactivo, como pide la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que recogió casi un millón y medio de firmas para acompañar la ILP.
MÁS PROTECCIÓN AL DEUDOR
Así, las únicas propuestas de modificación del PP que se conocen de momento son las enmiendas presentadas al proyecto de ley antes de que se aceptara la ILP. Éstas pasan por ampliar los umbrales de vulnerabilidad para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas, que da la posibilidad de renegociar la deuda con el banco, aplicar una quita o incluso llegar a la dación en pago para los casos más extremos.
Además, también han propuesto limitar los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero (aproximadamente el 12%), incrementar los impagos mínimos para poder ejecutar la hipoteca, elevar el valor mínimo de subasta de la vivienda con respecto al precio escriturado, o dar más competencias a los jueces para aplicar quitas sobre la deuda pendiente tras el lanzamiento.
Finalmente, el PP ha presentado un bloque de enmiendas para limitar la influencia de las entidades financieras en las sociedades de tasación o evitar el sobreendeudamiento poniendo coto a las condiciones de amortización o peso sobre los ingresos de las hipotecas.