El PSOE ha registrado, para su debate en la Comisión de Empleo del Congreso, una proposición no de ley en la que plasma su petición al Gobierno de que apruebe una moratoria de los despidos por causas objetivas hasta 2015 y presente un Programa Especial de Mantenimiento del Empleo en el que se primen las reducciones de jornada.

Esta iniciativa, que forma parte del Plan de Reactivación Económica y Creación de Empleo de los socialistas, ya fue avanzada por su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien envió su paquete de propuestas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En paralelo, el Grupo Socialista ha presentado algunas de sus ideas estrella en forma de proposición no de ley para que sean debatidas en sede parlamentaria.

Es el caso de esta propuesta, inspirada según el PSOE en el ''kurzarbeit'' alemán, que ha permitido evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo a la par contribuir al ahorro en las arcas del Estado. "Las previsiones que trasladan la creación de empleo más allá del final de la legislatura son descorazonadoras, mientras el Gobierno sólo reclama paciencia a los ciudadanos. Pero si no hay un impulso decidido y excepcional para estimular el crecimiento las cosas, podrían ir todavía peor. Urge, pues, que el Gobierno acuerde con los interlocutores sociales medidas que permitan evitar la sangría de la destrucción de empleo", argumentan.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Por ello, el PSOE propone que no se puedan realizar despidos por causas económicas durante los años 2013, 2014 y 2015, y que se articule un Programa Especial de Mantenimiento del Empleo que incluya ayudas a las empresas que opten por la reducción de jornada en lugar de despedir a sus trabajadores.

En estos casos, los afectados seguirán percibiendo su salario --reducido en la proporción en que se ajuste su jornada y la correspondiente prestación de desempleo parcial--, que será responsabilidad a partes iguales del empresario y del Estado, salvo si el trabajador tiene más de 50 años, en cuyo caso el Gobierno se hará cargo del 60% del sueldo.

"Estas ayudas se sufragarán con cargo a las partidas presupuestarias de políticas activas de empleo, a cuyo efecto deberán dotarse suficientemente. Transcurrido un año desde la moratoria, Gobierno e interlocutores sociales analizarán su impacto", añade la propuesta.