El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido seguir la causa por la vía del procedimiento abreviado contra Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), alcalde de Marinaleda (Sevilla), junto a otras 53 personas que en el verano de 2012 ocuparon una finca militar en Osuna (Sevilla).

El TSJA, en un auto al que ha tenido acceso Efe, imputa a los acusados presuntos delitos de daños, usurpación, desobediencia y hurto, y asegura que durante su acción causaron daños materiales por valor de 794,14 euros y sustrajeron objetos valorados en 281,50 euros.

Entre otros, destruyeron un azulejo rústico que identificaba la entrada de "Las Turquillas"; el candado, la cadena y el bastidor de la puerta de entrada, los candados de un pozo y hurtaron varios utensilios de labranza.

La ocupación de "Las Turquillas" se llevó a cabo entre el 24 de julio de 2012 y el 9 de agosto para denunciar el impacto de la crisis sobre el campo andaluz y entre los procesados se encuentran Sánchez Gordillo, el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otros dirigentes y militantes de ese sindicato.

Al ser aforado Sánchez Gordillo, la causa fue investigada por el juez del TSJA Jerónimo Garvín, quien ahora da por concluida la fase de instrucción y da traslado de las actuaciones al fiscal y al abogado del Estado para que pidan el sobreseimiento o presenten escritos de acusación.

Según el magistrado instructor, entre los daños causados por los ocupantes se encuentra la fractura de los sistemas de guarda y anclaje de un pozo, donde los acusados colocaron una motobomba para sacar aguas y conectaron una conducción de agua para usarla como ducha.

El 26 de julio, prendieron fuego a unas 18 pacas de paja, con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona, en la que se encontraban los animales de la Yeguada Militar situada en la finca.

El riesgo de incendio se incrementó también porque los acusados "circularon constantemente por tierras de labor" con sus vehículos, añade el magistrado.

En el vallado perimetral del acuartelamiento, los ocupantes rompieron el 27 de julio un candado e iniciaron el corte de ramajes de olivo y almendros y emprendieron labores de arada con una mula mecánica y un tractor.

Ese mismo día, tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía.

Según el juez instructor, los acusados causaron daños por importe de 422,72 euros, mientras que los gastos de reposición y limpieza totalizaron 371,42 euros y los objetos sustraídos han sido tasados en 281,50 euros.

El juez no hace ofrecimientos de acciones por otro presunto delito de coacciones al capitán de la Guardia Civil que dialogó con los ocupantes porque, aunque declaró que sintió miedo, "en ningún momento nadie le impidió con violencia" hacer algo que no quisiera.

Sí acuerda, en cambio, unir a las actuaciones la certificación expedida por el subdirector de Patrimonio del Ministerio de Defensa sobre los daños sufridos en la finca.

El pasado 4 de mayo, el SAT volvió a realizar una movilización en esa finca pero no pasó de la servidumbre de paso.