Los supermercados tendrán que afrontar un coste de 100 millones de euros anuales como consecuencia del impacto del nuevo impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero (los que emiten los aerosoles, los aires acondicionados y los aparatos de refrigeración), cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2014, según estimaciones del sector facilitadas a Europa Press.
Dicho tributo, que absorberá el 10% del coste eléctrico de la distribución alimentaria, supondrá un coste para una nueva instalación de entre 15.000 y 190.000 euros, en función de las dimensiones del establecimiento.
"Obviamente afectará a los costes de la distribución alimentaria, que tendrá que repercutir el nuevo grávamen en sus márgenes o en los precios a los consumidores, algo que dependerá de cada empresa o del producto", han señalado las mismas fuentes.
El Gobierno aprobó a finales de junio la creación de este nuevo impuesto ''ecológico'', actualmente en trámite parlamentario, que se enmarca en la intención de avanzar en la imposición medioambiental, siguiendo las recomendaciones europeas y con el que el que se pretende recaudar unos 340 millones de euros al año.
En opinión del sector de la distribución alimentaria, que acumula ya 37 meses de caídas en las ventas, este tipo de impuestos supone un "nuevo golpe", ya que multiplica por diez el coste de los gases más utilizados: 77 euros para el gas 507 y 76 euros para el 404.
COSTE DE HASTA 6.000 EUROS PARA UNA TIENDA PEQUEÑA.
En concreto, la aplicación de este nuevo impuesto tendrá un coste directo de entre 5.000 y 6.000 euros al año en el caso un establecimiento pequeño, lo que supone el 25% de sus beneficios anuales.
Según han explicado las mismas fuentes, a diferencia de la mayoría de países del Norte de Europa, para las características climatológicas en España, con temperaturas extremas en verano, no existe una alternativa para estos gases que permita lograr el mismo grado de eficiencia en la conservación y trazabilidad de alimentos.
En su opinión, la "rapidez" con la que se ha tramitado el impuesto no deja margen de maniobra a las empresas para que puedan adaptar sus sistemas de refrigeración o implementar sistemas alternativos.
"No hay una alternativa tecnológica (...), utilizar otros gases conllevaría cambiar los equipos de frio", señalan las mismas fuentes, que confían, no obstante, en que durante la fase de enmiendas en el Congreso se reduzca el impacto del nuevo impuesto.
Por otro lado, según cálculos de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) facilitados por la OCU, comprar o recargar el aire acondicionado de una vivienda costará de media 65 euros más tras la entrada en vigor del nuevo impuesto.
Un equipo doméstico de aire acondicionado suele recargarse cada dos o tres años dependiendo de su uso, mientras que los equipos industriales se recargan anualmente.
Los fabricantes o mayoristas de estos aparatos destinados a la refrigeración serán los encargados de pagar a la hacienda pública este nuevo impuesto, por lo que al consumidor final no debería repercutirle el gasto, al menos directamente, según la organización de consumidores.
La cantidad total a abonar en cada caso dependerá del tipo de refrigerante o la mezcla que se haya elaborado, con un tope de 100 euros por cada kilo de gas, la cantidad de los mismos y del índice de calentamiento global.