El Pleno del Congreso, que reanuda esta semana sus sesiones ordinarias tras el paréntesis estival, debatirá este jueves el dictamen del proyecto de Ley de Transparencia, aprobado el pasado 31 de julio en la Comisión Constitucional con los votos del PP, CiU y PNV. Tras su paso por la ponencia y la comisión, al texto final se han incorporado mas de 90 enmiendas de la oposición, la mayoría de los nacionalistas vascos y catalanes y 15 del PSOE, entre las que destacan las que afectan a la aplicación de la ley y al régimen de sanciones.
Una vez que el jueves se voten las enmiendas, el trámite parlamentario continuará en el Senado y, si la Cámara Alta no modifica el proyecto, la ley quedará definitivamente aprobada, aunque volverá al Congreso si se introducen cambios.
Entre las novedades mas destacadas, la norma equipara las obligaciones de transparencia de la Casa Real a las de otras instituciones públicas como el Congreso, el Senado, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. También deberán someterse a esos criterios las entidades privadas cuya financiación dependa al menos en un 40% de subvenciones públicas y aquellas que reciban al menos 100.000 euros anuales de fondos públicos.
Los altos cargos que cometan infracciones muy graves podrán ser destituidos y no podrán ser nombrados para ocupar ningún alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años, ni percibirán pensión indemnizatoria por su cese.
No obstante, se podrá destituir a cargos electos. Para ello, la competencia para imponer sanciones corresponderá al Consejo de Ministros cuando el alto cargo sea miembro del Gobierno o secretario de Estado y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas si es de la Administración del Estado.