El Gobierno quiere acabar con las subidas automáticas vinculadas a la inflación en precios y servicios regulados tales como el transporte, la luz o el teléfono, por lo que se va a eliminar toda referencia al IPC en los contratos públicos desde el 1 de enero de 2014.
Así, según fuentes gubernamentales, ya no habrá subidas por sistema en los servicios y precios públicos, y los incrementos tendrán que estar justificados en los costes por parte del gestor del servicio o la empresa, sin que en este caso tengan un límite determinado.
Con este fin, el Gobierno aprobará en un próximo consejo de ministros, que podría ser el del 27 de septiembre, el proyecto de Ley de Desindexación, que supondrá la derogación de las referencias en las leyes estatales, autonómicas y locales a subidas vinculadas al IPC.