El tribunal encargado de enjuiciar el caso Malaya contra la corrupción condenó ayer a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y "cerebro" de la trama, Juan Antonio Roca, y ha absuelto a casi la mitad de los 95 procesados.

Roca, que se enfrentaba a 30 años de prisión y una multa de 810 millones de euros, "ejerció como alcalde de hecho durante años", mientras que los concejales "se aquietaban a sus tejemanejes", según la sentencia hecha pública, que consta de 5.774 folios.

El tribunal ha condenado al "jefe de la organización" por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto.

Las licencias urbanísticas se decidían en reuniones entre Roca y los "cabezas" del gobierno municipal tripartito presidido por la alcaldesa Marisol Yagüe, "a los que entregaba los sobres con dinero a repartir entre los restantes concejales".

Tras una moción de censura, Yagüe sucedió en el puesto a Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003.

Muñoz, que se encuentra en prisión por otra causa judicial, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de fraude y prevaricación, frente a los 10 años propuestos por el ministerio público.

La exteniente de alcalde Isabel García Marcos, que fue considerada el "azote" del fallecido Jesús Gil durante sus años de concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en 2003, ha sido condenada a 4 años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y alteración de precios de concursos, lo que supone un tercio de la pena solicitada por el fiscal.

También ha habido rebajas de las penas para los principales empresarios procesados, algunos de ellos han sido absueltos.

Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros, han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y 1 día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos.

Al promotor granadino José Ávila Rojas, que ya se encuentra en prisión por otra causa judicial, se le ha impuesto una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros, condena que dista de los 10 años de cárcel y 55 millones de euros que solicitaba la Fiscalía.

El constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez ha sido condenado a seis meses de cárcel sustituibles por una multa de 1.800 euros.

Desde 2003 a 2006. A la exacaldesa de Marbella se le ha impuesto una pena de 6 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y cohecho pasivo.