La derogación de la doctrina Parot ha excarcelado a dos de los violadores más peligrosos, el del "ascensor" y el del "portal", que han pasado parte de su vida entre rejas y que ahora abandonan la celda ante la preocupación de las asociaciones de mujeres, que consideran que no están reinsertados.

También saldrán de la cárcel un violador condenado en Canarias por abusar de dos sobrinos y los dos expolicías condenados cada uno de ellos a 212 años de prisión por el cuádruple crimen de Nigrán (Pontevedra).

Un español, Pompeyo Miranda, que asesinó en Bolivia a dos personas -su novia, que era cooperante estadounidense, y a un recluso cuando ya estaba en una cárcel del país andino-, y Pedro Antonio Seco Martínez, conocido como "El Seco", condenado a 90 años por tres asesinatos, también se han beneficiado del fin de la doctrina Parot.

Son los delincuentes comunes que se han sumado a los trece etarras y a una miembro del GRAPO que la Audiencia Nacional ha ordenado hoy excarcelar.

Ayer mismo, el "violador del portal", Pablo García Ribado, abandonó la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), después de que se ejecutara el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que puso fin a la doctrina Parot, que se le había aplicado a este preso.

García Ribado fue condenado en septiembre de 1996 a un total de 1.721 años de prisión por 74 violaciones, seis agresiones sexuales y diez delitos de robos.

Tenía que haber salido de la cárcel en abril de 2010, pero un mes antes la Audiencia Provincial de Madrid decidió aplicarle la doctrina Parot y prorrogar su reclusión en la cárcel hasta octubre de 2023.

Trabajador de un taller mecánico, García Ribado fue arrestado en 1993 en Madrid a los 24 años, junto con su amigo Antonio Barroso Mingo, vigilante de seguridad, después de mantener dos años en jaque a la Policía.

Su "modus operandi" era el mismo: actuaban entre las once de la noche y las cuatro de la madrugada en los portales donde vivían sus víctimas, a las que abordaban a la entrada alegando que no tenían llave de la puerta.

La Audiencia Provincial de Burgos ha ordenado la excarcelación de otro de los violadores más famosos y peligrosos, el del "ascensor", que ha abandonado hoy mismo la cárcel de Alcalá Meco (Madrid).

Pedro Luis Gallego Fernández fue condenado a 273 años de cárcel por los asesinatos de Leticia Lebrato, de 17 años, en Valladolid, y de Marta Obregón, de 19 años, en Burgos, además de otros dieciocho delitos de agresión sexual.

A Gallego Fernández se le aplicó la doctrina Parot para prorrogar hasta 2022 su encarcelamiento, y que debía haber salido a finales de 2008.

Su puesta en libertad se suma a la del primer violador que dejó la cárcel tras el fallo de la Corte Europea: Antonio García Carbonell, de 76 años, quien salió el pasado día 24 de octubre de la prisión de Quatre Camins de La Roca del Vallés (Barcelona).

Este vendedor ambulante, casado y con diez hijos, siguió en la cárcel varios programas de rehabilitación, pero los técnicos no le consideran reinsertado.

Quizá por este caso y por los dos violadores anteriores, que tampoco están reinsertados según las asociaciones de mujeres, éstas han pedido medidas de vigilancia para los excarcelados dada su peligrosidad.

Desde la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, su presidenta, Tina Alarcón, ha dicho que "esto es un Estado de derecho y hay que respetar la ley", pero es necesario articular "alguna forma de seguimiento" sobre este tipo de agresores sexuales porque ahora "no habrá ningún control sobre ellos".

Alarcón, cuya asociación fue acusación particular en 82 casos relacionados con el "violador del portal", ha recordado que es "muy difícil" reinsertar a este tipo de violadores, y más cuando "no hay recursos suficientes".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres "Clara Campoamor", Blanca Estrella Ruiz Ungo, ha expresado hoy al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su gran preocupación por la puesta en libertad de peligrosos violadores

Ruiz Ungo ha explicado con detalle al ministro la "incesante lucha" de su asociación para perseguir a "estos criminales" y de sus intentos de seguir alertando a la justicia.

Fernández Díaz le ha respondido que el Gobierno, como siempre, continuará apoyando a las víctimas de estos delitos y que atenderá a las demandas sociales que este colectivo tenga.