La Fiscalía presentó ayer un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que se opone a la imputación de la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, al considerar que los indicios que pesan sobre ella son "meras conjeturas o sospechas que no constituyen elementos válidos de imputación". Con esto sobre la mesa, el juez José Castro debe decidir en breve si acuerda o no la imputación de la Duquesa de Palma por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, o si archiva definitivamente las pesquisas en torno a la mujer de Iñaki Urdangarin.
En su escrito, el fiscal Pedro Horrach deja sin embargo las puertas abiertas a que la hija del Rey Don Juan Carlos pueda ser condenada al pago de las responsabilidades civiles derivadas de haberse lucrado presuntamente de los fondos ilícitos recibidos por Aizoon, mercantil propiedad de los Duques que recibió ingentes cantidades del entramado Nóos (abastecido a su vez con los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana).
Se da la circunstancia de que el Ministerio Público ha entregado su escrito antes de que la Agencia Tributaria (AEAT) y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional incorporen a la causa los últimos datos que resta por presentar en torno a la gestión de Aizoon. Una vez esta documentación obre en poder del juez, éste consultará a las acusaciones para que se pronuncien sobre la pertinencia de citar a la Infanta como imputada (paso que acaba de dar el fiscal), para después decidir si la emplaza a comparecer en los Juzgados de Palma.
En su extenso documento, el fiscal apunta a la "inexistencia absoluta de indicios de criminalidad" por parte de la mujer de Urdangarin, a pesar de que las pesquisas apuntan a que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible conocimiento del origen delictivo de los fondos por parte de la Infanta, de lo que se deduciría la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales.
En este sentido, Horrach descarta que la Infanta "conociese los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias, receptación, falsedades documentales y delitos contra la Hacienda Pública que son objeto de imputación a su cónyuge", por lo que no se le podría achacar ninguna actuación delictiva.
Además, asevera que ninguno de los imputados y testigos a quienes se ha tomado declaración ha citado a la Duquesa de Palma "como conocedora de las irregularidades".
Invitación a denunciar
El fiscal insinúa en su escrito que si cualquier ciudadano tuviera indicios o constancia "de una actuación ilícita de encubrimiento por parte de este fiscal, debe acudir a las instancias judiciales correspondientes y denunciar dicho hecho".
"Vergüenza"
Los grupos parlamentarios de la IU y de UPyD lamentaron la decisión de rechazar la imputación de la infanta, tacharon "de vergüenza" que el Ministerio Público actúe como "la voz del Gobierno" y denunciaron el trato desigual que hay en España en función de quién eres.