El PP ha dejado hoy en vilo la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2014 antes de que finalice el año al lanzar la amenaza de impugnarlos ante el Consejo de Garantías Estatutarias por incluir una partida para consultas, lo que retrasaría hasta enero su votación.

Así lo ha anunciado hoy la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, quien ha señalado, sin embargo, que los populares deben estudiar si este paso perjudica al cumplimiento del déficit y si fuera este el caso no llevarían finalmente al Consejo de Garantías Estatutarias los presupuestos y la ley de acompañamiento.

Lo que no agrada a los populares es que en las cuentas del Govern haya una partida -por valor de unos 5 millones de euros- para un proceso de "consulta ilegal", algo que sería, a juicio del PPC, "antiestatutario".

La impugnación provocaría que la votación de las dos leyes presupuestarias, pactadas entre CiU y ERC en virtud del acuerdo de legislatura, salieran del orden del pleno del Parlament que se inicia este miércoles, con lo que su aprobación se pospondría al año que viene, a la espera del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que tardaría un mes.

Para el conseller del Interior del Govern y dirigente de Unió, Ramon Espadaler, sería un "error" que el PPC impugnara los presupuestos, además de una "paradoja", ya que los populares están a favor de iniciar el año con las cuentas aprobadas.

En medio de este nuevo rifirrafe, los partidos firmantes del pacto de la consulta -CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA y CUP- han apelado hoy de nuevo al Gobierno para que negocie el referendo en Cataluña.

En este sentido, ERC, que no descarta entrar en el Govern aunque considera que antes debe analizar la conveniencia de dar este paso o mantener el actual "apoyo desde fuera", se ha mostrado dispuesta incluso a negociar con el Gobierno la pregunta de la consulta y "el cómo se vota", pero en ningún caso "el derecho a votar", ha subrayado el portavoz adjunto de ERC, Oriol Amorós.

También Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha avisado al Gobierno de que es el "momento oportuno" para que haga propuestas a Cataluña, no sólo porque existe una demanda "mayoritaria" de la sociedad catalana, sino por la repercusión internacional que va ganando el caso catalán, a tenor del editorial del Financial Times, que anima al Gobierno a hallar una salida negociada.

Sobre este editorial, la portavoz de ICV-EUiA en el Parlament, Dolors Camats, ha manifestado su sorpresa por la "sordera del Gobierno, que no ha sido capaz" de llegar a las mismas reflexiones que el rotativo británico.

Sin embargo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que "no es negociable" la unidad de España y el derecho de todos los españoles a decidir su futuro y ha recalcado que quienes deben "ofrecer una solución" al debate catalán son precisamente "quienes han puesto a Cataluña al borde del abismo".

Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha manifestado que el Estado de derecho debe reaccionar "con eficacia y de manera proporcionada a la gravedad del desafío" que supone la consulta soberanista.

Desde las filas socialistas, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha destacado hoy el respaldo total de su partido a sus compañeros del PSC ante la "escala de bravuconadas" a raíz de la consulta, un apoyo que se escenificará próximamente con una reunión en Cataluña de las direcciones del PSOE y PSC, encabezadas por sus respectivos líderes, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro.

En cambio, Agrupament Socialista, corriente crítica del PSC, ha emplazado al partido a abandonar la "alineación con Ciutadans y el PPC" -contrarios al eventual referendo- y apoyar la pregunta pactada para la consulta soberanista, porque en su opinión abre la posibilidad de optar también por un Estado federado o asociado.

Por su parte, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha instado al Gobierno a empezar un programa de reformas políticas y de la administración como solución al debate soberanista, y no en quedarse "inmóvil" delante de una España "que tiene problemas".

Dos de los ''padres'' de la Constitución, Miguel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, han apelado a un acuerdo político para resolver el problema de Cataluña y evitar la "no deseable" consulta soberanista, sobre la base del reconocimiento de que Cataluña es una nación.