Las nuevas restricciones de la justicia universal podrían estar en vigor esta primavera después de que el Congreso -a petición del PP- haya acordado la tramitación urgente y en lectura única de la reforma, que limita los casos en los que pueden intervenir jueces españoles, para aplicarla cuanto antes.
La tramitación por la vía de urgencia, solicitada por los populares, significa que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se saltará un paso, no irá a comisión y las enmiendas se debatirán y aprobarán en un pleno extraordinario la próxima semana, después del debate del estado de la nación, para inmediatamente remitirla al Senado.
Esto ocurrirá después de que el pleno de este mismo jueves ratifique la tramitación urgente de la reforma propuesta por el PP, que no ha apoyado ningún grupo de la oposición porque creen que no se acomoda al reglamento del Congreso, que establece que esa vía se utilice en función de la naturaleza y la simplicidad del proyecto.
Los populares justifican las "prisas" en la defensa del interés general de España y los españoles y en la necesidad de evitar conflictos como los que la actual legislación está generando.
Se trata, según el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, de adaptar la legislación española a la de los países de nuestro entorno y de "cortar cuanto antes lo que son fuentes de conflicto que ponen riesgo la posición internacional de España y pueden hacer daño a nuestro país".
En su opinión, actualmente la justicia universal en España está mal regulada, resulta ineficaz y solo provoca conflictos, mientras que con los cambios previstos se eliminará "cualquier posibilidad de conflicto futuro" y se dará una imagen solidez, seriedad y seguridad jurídica.
La reforma supondrá que sólo se puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad en España cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o extranjeros que residan habitualmente en nuestro país o cuya extradición hubiera sido denegada.
Una modificación que podría afectar a una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional, como las investigación de la represión en el Tíbet o de la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak.
Alonso ha negado que el Gobierno o el PP hayan cedido a las presiones de otros países para aprobar estas nuevas limitaciones: "somos un país soberano, pero un país responsable, que tiene que tener una legislación acorde", ha dicho.
Pero su postura no ha convencido a ningún grupo de la oposición, ya que todos se han pronunciado en contra de la tramitación urgente de estas nuevas limitaciones.
La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha arremetido contra el PP por la "utilización abusiva" de su mayoría y contra el presidente del Congreso, Jesús Posada, por alejarse de su función institucional de aplicar reglamento y "velar por derechos de todos diputados" al responder de "forma muy obediente a las instrucciones" de los populares.
"Es un atropello", ha señalado Rodríguez, que cree que de esta forma el PP pisotea el reglamento para evitar que el resto de los grupos puedan presentar enmiendas y hurtar el debate parlamentario.
Unas críticas que comparte el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, quien ha acusado al PP de "cargarse el estado de derecho" con su intención de aprobar "con nocturnidad" y con "desprecio" al reglamento del Congreso el recorte a la justicia universal.
También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha considerado "absolutamente inaceptable" esta tramitación urgente que -a su juicio- no cumple los requisitos que establece el reglamento del Congreso al tratarse de una modificación de una ley orgánica.
"Se ve claramente que el objetivo no es pactar ni negociar, sino cargarse la justicia universal", ha dicho tras criticar que "si el PP ya se había plegado y agachado ante los poderes internacionales y económicos, esto supone un doble pliegue".
Para UPyD, la tramitación por la vía de urgencia de este proyecto es un "escándalo gravísimo" y más al tratarse de una reforma tan trascendental que afecta a la justicia universal.
No obstante, Alonso ha salido al paso de las críticas y ha recordado que la tramitación urgente y en lectura única no es un trámite inusual, el mismo que se ha utilizado para otras leyes y muy recientemente en la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada con los socialistas.