La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha convocado para el próximo día 19 de marzo a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso para analizar las dos últimas leyes anticorrupción que el Ejecutivo ha remitido a las Cortes: el proyecto de ley reguladora del régimen económico de los partidos y el que regula el alto cargo de la Administración General del Estado.
El Consejo de Ministros aprobó ambos proyectos, que considera "dos pilares esenciales" de su Plan de Regeneración Democrática, el pasado 21 de febrero y entonces la vicepresidenta ya anunció su intención de citar a la oposición para buscar acuerdos. Según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ya se ha puesto en contacto con ellos para fijar esa primera cita.
La regulación del alto cargo de la Administración General del Estado les obliga a realizar una declaración responsable, regula su régimen retributivo, fija un control de los gastos de representación y crea un sistema de alta temprana de conflictos de intereses.
Además, la ley incluye un refuerzo de la oficina de conflicto de intereses, y prohíbe que los condenados por "determinados delitos", como el de terrorismo, no puedan ejercer cargos públicos mientras tengan antecedentes penales.
Por su parte, el proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos, prohíbe las donaciones de personas jurídicas y la condonación de deudas por entidades de crédito, fuerza a las formaciones políticas a publicar en su página web las donaciones de personas físicas cuyo importe sea superior a 50.000 euros y establece comparecencias parlamentarias de los tesoreros de los partidos.