"No se puede servir a dos señores al mismo tiempo", ha lamentado hoy el fiscal del Supremo en relación con el asesoramiento a empresarios imputados en el Caso de las ITV en Cataluña que, según él, realizó el exmagistrado Joaquín Ortíz Blasco, causando "un daño irreversible" a la Justicia.

El fiscal del Supremo ha mantenido hoy su petición de pena de dos años de suspensión de empleo y sueldo y multa de 900 euros para el acusado al terminar el juicio que contra él ha celebrado el alto Tribunal. El Supremo es competente en esta causa porque el exmagistrado es aforado, al haber pertenecido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por su lado, el abogado del reo ha solicitado al tribunal su absolución y ha negado que asesorara a dos empresarios en sus recursos contra concesiones de ITV por la Generalitat.

A ello ha sumado sus apreciaciones de que no se respetaron los derechos del imputado en la intervención de las comunicaciones, así como que no hubo igualdad de armas con el fiscal por, entre otras razones, la declaración del secreto sobre las investigaciones judiciales.

Fidel Cadenas, el fiscal, ha considerado que la conducta de Blasco "fue delictiva de manera paladina" y constituyó "un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios que más bien debería llamarse de asesoramiento de un magistrado sobre asuntos que conoce en razón de su cargo".

El delito tipificado en el Código Penal en su artículo 441, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abuso en el ejercicio de su función, "tal vez no está pensado para un magistrado, porque de ser así quizá debería prever una pena más dura", ha añadido el fiscal.

El acusador público ha calificado de "increíble" el intento de Blasco de orientar a las letradas de la Generalitat catalana en defensa de los intereses de sus asesorados y descalificado los argumentos de la defensa.

Para sustentar su tesis de que Blasco faltó al deber público al que estaba obligado, con grave daño al interés público, ha citado pruebas como las transcripciones de conversaciones telefónicas y los correos electrónicos.

"El contenido de estas comunicaciones está ahí, es él, Ortíz Blasco", ha señalado antes de añadir que "se presenta un recurso, se envía al presidente de la sala que va a entender del mismo, quien responde que ha hablado con el abogado y pide que se confirme que por parte de los consultantes, no hay inconvenientes... eso es asesoramiento", ha señalado el fiscal.

"Después, el mismo magistrado asume el asunto sin abstenerse y adopta unas determinadas medidas cautelares", ha añadido.

Al exmagistrado se le acusa de asesorar a los empresarios Ricard Puignou y Enric Marugán, imputados en la trama de las ITV en Cataluña, en relación con sus recursos interpuestos ante su Sala contra la concesión de nuevas estaciones de ITV.

El juicio comenzó ayer. Durante su desarrollo el acusado negó tener amistad con los dos empresarios y calificó sus contactos con ellos y con responsables de la Generalitat de mediación en busca de un acuerdo entre las partes de procesos bajo su jurisdicción vinculados a las concesiones de ITV.

Blasco tiene 64 años y solicitó su jubilación anticipada al Consejo General del Poder Judicial, que se la concedió en marzo de 2014 después de que, meses antes, en julio de 2013, le suspendiera a raíz de las actuaciones abiertas contra él.