La Junta de Andalucía acusó ayer al Gobierno central de abrir "una causa general contra toda Andalucía" en torno a la gestión de los fondos de formación para el empleo, asunto sobre el que el PP exigió que se den explicaciones de forma "inmediata" en el Parlamento y que se abra una investigación.
La polémica surgió tras conocerse la investigación abierta por la Policía Nacional sobre un posible fraude millonario en los fondos de formación para parados.
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga lleva desde mayo de 2013 investigando este supuesto fraude.
El Ministerio Público abrió en esa fecha las diligencias de investigación preliminares, que se centran en 17 empresas privadas, desde academias a escuelas de masaje, con un objeto social en el que indicaba "actividad educativa y formativa".
El consejero de Educación, Luciano Alonso, que asumió las competencias de formación para el empleo con el nuevo gobierno de Susana Díaz en septiembre de 2013 (antes las tenía la Consejería de Empleo), exigió explicaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que "dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas" implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que "pida disculpas y retire la acusación".
Arremetió contra el Ministerio del Interior por "poner en duda la legalidad de las cantidades que representan el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en los últimos siete años", en alusión a unos 2.000 millones que apuntan fuentes de la investigación como la cantidad presuntamente estafada.
Alonso pidió al ministro del Interior que especifique "de dónde y con qué datos cuenta para decir que existe un fraude masivo en la formación profesional en Andalucía".
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, pidió ayer a Interior que "lleve cuanto antes a la justicia" el posible fraude millonario y aseguró que no conoce más de ese caso que lo que "Interior ha contado a los periódicos".
Sin embargo, el Ministerio desmintió "categóricamente" que haya filtrado "ninguna información sobre ninguna operación abierta", ya que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía trabaja desde hace meses en una investigación abierta a raíz de datos detectados por la Seguridad Social "con absoluta discreción y la máxima reserva".
Por otra parte, la Comisión Europea (CE) ha anunciado que va a pedir explicaciones a España sobre el supuesto fraude para determinar si se financiaron con fondos de la UE. "En vista de los artículos de prensa de hoy (por ayer), nos pondremos en contacto con las autoridades españolas de nuevo para estar absolutamente seguros de que los fondos utilizados para la formación profesional continua en Andalucía no son con cargo al Fondo Social Europeo", dijo en un comunicado.