La Audiencia de Sevilla deliberará el miércoles sobre el recurso de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez contra su imputación en el caso de los ERE, que según su abogado se basa en "sospechas y especulaciones" para imputarle un "masivo contubernio" y una "maquiavélica actuación".
La Sección Séptima de la Audiencia, encargada de resolver todos los recursos por los ERE, deliberará sobre la imputación de Álvarez cuando la juez instructora, Mercedes Alaya, se encuentra ya en la fase de embargo de bienes para hacer frente a la fianza civil de 29,6 millones de euros impuesta a la exministra y exconsejera andaluza de Hacienda.
Álvarez también ha recurrido la imposición de dicha fianza pero el caso se encuentra aún en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, a la espera de que se pronuncien todas las partes antes de remitirlo a la Audiencia.
El abogado de Álvarez, Horacio Oliva, afirma en su recurso que las acusaciones de la juez Mercedes Alaya "no resisten un mínimo escrutinio" y se caracterizan por su "falta de concreción".
El auto de imputación, sostiene la defensa, "no pasa de incorporar un relato genérico y deslavazado, basado en especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos".
Además "no reúne las exigencias que nítidamente ha definido la Audiencia" y "parece basarse en una confabulación masiva del Gobierno de la Junta dirigida a diseñar un sofisticado sistema de financiación de la Consejería de Empleo" en el que Álvarez "pasa a adquirir un rol central en esa pretendida trama".
El recurso argumenta que no existe "la mínima base indiciaria acerca de la intención de esquivar el control por la Intervención General" y sobre el conocimiento por parte de la exministra de la "indebida utilización de las transferencias de financiación".
Además niega el carácter delictivo de las transferencias de financiación -el mecanismo utilizado para pagar las ayudas investigadas- que además "han sido aprobadas por el Parlamento andaluz desde la Ley de Presupuestos de 2002".
El recurso cuenta con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, quien en varios escritos ha sostenido que Álvarez participó presuntamente en el "uso perverso" de las transferencias de financiación porque "las hizo posible o simplemente no las evitó".
Esta misma sala rechazó en noviembre pasado un recurso de la Junta por la imputación en el caso de los ERE de veinte ex altos cargos, entre ellos Álvarez, pero lo hizo por cuestiones formales ya que la Administración andaluza está personada como acusación particular y en este caso parecía estar haciendo "labores propias de una defensa".