El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha insistido este miércoles en que el Gobierno repondrá a los funcionarios la paga extra que les suprimió en 2012 "cuando así lo permitan los objetivos presupuestarios". El sindicato CSI-f pide al ministro que sea más concreto.
"El proyecto del Gobierno es que, una vez que tenemos mejores condiciones económicas, vamos a facilitar la progresiva recuperación de la paga extra en los tiempos y cuantías que permitan los objetivos presupuestarios", ha subrayado el ministro a preguntas del diputado del PNV Pedro Azpiazu en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
El diputado vasco le ha reprochado a Montoro que no ofrezca una fecha concreta para la devolución de la paga, sobre todo después de que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dijera hace seis meses y medio que ésta se repondría en 2015.
"No se compromete en plazos concretos, eso no es un compromiso firme y eso que el Gobierno insiste en que la economía mejora día a día", se ha quejado Azpiazu ante Montoro. El representante del PNV ha denunciado que los funcionarios han perdido desde 2009 un 20% de poder adquisitivo, además de padecer aumentos de jornada y supresión de días libres.
"¿No le parece ya suficiente sacrificio?", le ha preguntado al ministro el diputado vasco, que ha instado a Montoro a devolver este año el 50% de la paga suprimida y a abonar la otra mitad en 2015.
En su respuesta, el ministro ha asegurado que los funcionarios "tienen el máximo reconocimiento del Gobierno" porque han hecho una "gran aportación" a la salida de la crisis, y ha reiterado que el Ejecutivo les devolverá la paga "cuando las condiciones económica-presupuestarias lo vayan permitiendo".
CSI-F PIDE A MONTORO QUE CONCRETE CUÁNDO OCURRIRÁ
Tras el anuncio de Montoro, el sindicato de funcionarios CSI-F consideró "positivo" el anuncio realizado por Montoro en el Congreso pero dice que "no tiene ninguna concreción".
Por ello, CSI-F reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para determinar los criterios de esta eventual devolución, junto a las organizaciones sindicales.
"CSI-F pide al Gobierno que comience a devolver, sin mayor dilación, los días devengados cuando entró en vigor el decreto de ajuste, en línea con los diferentes pronunciamientos judiciales que se están produciendo en el conjunto del Estado", añade la nota.
Este mes de mayo, las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla y León y Canarias comenzarán a devolver esta parte de la ''extra'' a sus empleados públicos, "lo que deja en una situación claramente discriminatoria a los empleados del resto del las Administraciones", en opinión de CSI-F.
Esta semana se han admitido a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad contra la retirada de la ''extra'', dos de ellas planteadas por parte del Juzgado de lo Social número cinco de Santa Cruz de Tenerife, y otra por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El Tribunal Constitucional tiene ya encima de la mesa cerca de una docena de cuestiones procedentes de diferentes instancias.