El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está elaborando un plan de actuaciones ante el consumo de los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, conocidos como cigarrillos electrónicos.

Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de UPyD, Toni Cantó, quien se había interesado por el informe que estaba ultimando el departamento que dirige Ana Mato sobre el uso de los cigarrillos electrónicos.

Con ese plan, señala la respuesta, se pretende garantizar que los dispositivos "no sean comercializados ni utilizados como productos de bajo riesgo o como ayuda para dejar de fumar sin que ninguna de estas aseveraciones hayan sido justificadas por la correspondiente evidencia científica o por los ensayos clínicos, respectivamente", tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recuerda que el pasado marzo se aprobó el Proyecto de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que establece la regulación de estos dispositivos, cuyo uso se prohíbe en centros sanitarios, zonas educativas e infantiles, en el transporte público y en el ámbito de las administraciones públicas.

Asimismo, indica que el texto no incluye entre sus requisitos la obligación de que los productores, dispensadores o ningún otro operador comercial proporcionen ninguna información sobre los productos.

Una obligación que sí incluye, según recuerda el Gobierno, el texto acordado entre el Parlamento Europeo y el Consejo para modificar la Directiva de productos del Tabaco, que deberá ser traspuesta a la legislación nacional en dos años tras su entrada en vigor.

"En virtud de los requisitos establecidos para todos los Estados Miembros es de esperar que se alcancen conocimientos suficientes sobre los productos y, en conjunto con el sistema de vigilancia, se generen datos con suficiente robustez para poder prevenir y atajar posibles situaciones y usos de riesgo", añade la respuesta sobre esa directiva europea.