El Reglamento de la nueva y polémica Ley de Costas está "casi listo" para se aprobado en este último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano o si no en los primeros que se celebren tras la vuelta de las fiestas estivales.

Así lo han informado a Efeverde fuentes del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tras destacar que el reglamento busca garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral atendiendo a la realidad de las costas españolas.

El documento, que salvará de la piqueta a unas 10.000 viviendas, establece nuevos criterios para fijar el deslinde del domino público marítimo terrestre y amplia a 75 años más las concesiones otorgadas a los propietarios de casas construidas a pie del litoral.

Esta ampliación será de 30 años para los negocios de restauración, y para otras actividades económicas, de hasta 50.

Asimismo permitirá la celebración de actos de interés turístico o cultural en tramos de playas urbanas.

Una de las novedades es que modifica los criterios técnicos con los que venía determinándose la zona marítimo terrestre.

En la regulación anterior se extendía el dominio público hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, a partir de ahora será necesario además que ese límite se haya alcanzado en "al menos cinco ocasiones en un periodo de cinco años".

Ya no bastará con una sola prueba de una inundación ocurrida en el pasado o en la actualidad para poder solicitar la revisión, sino que ese episodio deberá acreditarse con el citado margen.

En el Reglamento General de Costas se han incorporado las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, como la definición de la zona marítimo-terrestre con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin consideraciones de otra naturaleza, o el establecimiento de forma clara de la obligación de reparar el espacio costero cuando resulte perjudicado.

Para las ONG como Ecologistas en Acción el Reglamento culmina la privatización iniciada con la reforma de la Ley de Costas, recurrida ante Constitucional el PSOE, y las comunidades autónomas de Canarias, Asturias y Andalucía, que alegan invasión de competencias y/o "privatización" de la costa.

Ecologistas en Acción ha presentado 36 alegaciones, en las que argumenta una "mercantilización" del dominio público marítimo-terrestre y pide específicamente que todo lo que se inunda por el mar se incluya en el Dominio Público Marítimo Terrestre: las salinas y piscifactorías, la totalidad de las urbanizaciones marinas, los márgenes de los ríos por los que entra el mar hasta 2000 m de su desembocadura etc.

Igualmente defiende que se prohíban determinados usos, que se consideran lesivos, como pueden ser la existencia de campings con elementos desmontables, la publicidad de cualquier tipo, la celebración de fiestas, y la instalación temporal de chiringuitos en playas naturales y la abundancia y tamaño de esas instalaciones fijas en playas urbanas.

Cada 150 metros se puede instalar un establecimiento con un total de 300 m2 (200 m2 de edificación, 70 m2 de terraza y 30 m2 de aseos).