El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de fundaciones, que sustituirá a la normativa vigente, con el fin de garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, basado en el principio de la transparencia.
Esta normativa se aplicará a todas las fundaciones de ámbito estatal y que sólo quedarán excluidas las de Patrimonio Nacional, las públicas sanitarias y las bancarias, que serán regidas por su legislación específica.
Entre las principales novedades está la creación de un registro único de fundaciones -actualmente existen siete registros públicos en distintos ministerios, que aglutinan a cerca de 4.000 fundaciones-, que dependerá del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
El anteproyecto pretende agilizar la constitución de las fundaciones con el asesoramiento que proporcionará el Protectorado único en el ámbito de la Administración del Estado.