El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha defendido hoy que "una Constitución está viva siempre que permita ser interpretada, y no serviría si se la cose a interpretaciones fundamentalistas".
Torres-Dulce ha pronunciado una conferencia en Bilbao titulada "la Justicia en la cultura política de la democracia", organizada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) con motivo de su XXV aniversario.
En un coloquio posterior y en respuesta a una pregunta sobre si en una hipotética reforma constitucional debería incluirse que la designación del fiscal general del Estado no sea propuesta por el Gobierno, sino por el Parlamento, Torres-Dulce ha insistido en que la Carta Magna debe tener una interpretación "lo más flexible posible", pero "no debe ser elástica, como una especie de chicle".
A su juicio, si la mayoría considerara mejor que el fiscal general fuera "un comisionado de las Cortes", él "no tendría nada que oponer", siempre que no se tratara de "un reparto de cuotas" en el Parlamento. "Cualquier sistema es bueno", ha concluido.
Torres-Dulce ha reivindicado una mayor inversión en la Justicia, con mayores plantillas judiciales y fiscales, porque "es invertir en la convivencia pacífica", ha recordado que España tiene una de las tasas de litigiosidad más altas de Europa, y ha considerado necesario comunicar mejor a la sociedad las actuaciones de la Justicia.
"Si no somos capaces de transmitir a la sociedad que luchamos por la igualdad, será un fracaso", ha indicado el fiscal general.
Ha denunciado la "indefinición perturbadora" del papel del Ministerio Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, "que no se sabe bien dónde está", y ha asegurado que "lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional".
En este sentido, ha considerado un "desafío" para la sociedad que se acabe de definir "el rol" del Tribunal Constitucional como "garante del pacto social que garantiza las libertades".
El fiscal general ha criticado la "presencia permanente del horizonte de las elecciones como guía de los partidos políticos", lo que, a su juicio, supone un "enorme empobrecimiento de la vida democrática" y tiene un "efecto contaminante".
"Cuanto más avancemos en todos los órganos de control con una mayor apertura a la sociedad civil y una mayor retirada de los partidos políticos, mejor", ha añadido.
En su conferencia, se ha referido también al "olvido permanente de la seguridad jurídica", que supone un "gran desafío", al advertir de "un déficit enorme" causado por la "dispersión de normas" y la "enorme desigualdad" en las resoluciones judiciales, por lo que ha abogado por aplicar "criterios de igualdad y de seguridad" y dar "una respuesta coordinada" al problema.
Por otra parte, se ha mostrado partidario de que los jueces interpreten las leyes "conforme a la realidad social" y ha hecho hincapié en que "el ordenamiento jurídico está hecho para proteger a los débiles y no a los poderosos".
Ha defendido también una "reforma radical" de la estructura orgánica de los juzgados, porque, a su juicio, no se puede mantener el modelo de partidos judiciales, así como una "apuesta decidida" por la tecnología.
Torres-Dulce ha dicho que la "base" de la democracia es el "pacto social que supone la derogación de derechos naturales a favor de la gestión comunitaria de los derechos" y se ha mostrado partidario de hablar más de "equilibrio" que de "división de poderes", porque "cualquier poder necesita un freno y un contrapeso".
La conferencia fue presentada por el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro.