El juez Pablo Ruz ha subido esta semana peldaños en la investigación de la caja B del PP al imputar al exministro Ángel Acebes, primer ex secretario general del partido encausado por los "papeles de Bárcenas" por haber supuestamente autorizado el uso de dinero negro al extesorero Álvaro Lapuerta.

Ante Ruz han desfilado por esta causa, aunque como testigos, otros secretarios generales del PP en distintas épocas -Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal-, si bien hasta el momento el juez no había acusado directamente a ningún miembro de la dirección nacional de haber conocido la existencia de la supuesta contabilidad opaca del partido.

A Álvarez Cascos y a Acebes, Ruz rechazó en diciembre de 2013 imputarles en relación a la percepción de sobresueldos que supuestamente habrían recibido procedentes de la caja B.

Para denegar las imputaciones solicitadas por la acusación que ejerce IU en este caso, y a las que se opuso la Fiscalía, Ruz argumentó que carecía de competencia para imputar a Álvarez Cascos por tratarse de un aforado (es diputado en el parlamento de Asturias) y en el caso de Acebes señaló que no lo hacía porque los hechos podrían estar prescritos o porque no resultaran, en ningún caso, constitutivos de infracción penal.

Ahora sí ha encontrado reproche penal a la actuación que Acebes habría tenido como secretario general al autorizar al entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta la compra de acciones de la empresa de comunicación Libertad Digital en 2004 por un valor superior a los 480.000 euros con dinero procedente de la contabilidad opaca del partido, tal y como relató Bárcenas al explicar las anotaciones de sus famosos papeles.

Según Ruz, Acebes habría tenido responsabilidad en el "eventual conocimiento y autorización" de esa operación, "pudiendo haber colaborado a que tales fondos terminaran siendo detraidos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos", lo que podría ser constitutivo de un delito de apropiación indebida.

Lo más llamativo de esta imputación, es que Ruz la ha acordado sin que ninguna acusación se lo haya pedido y sin recabar la opinión de la Fiscalía, como hasta ahora había hecho. Para hacerlo se ha basado en un amplío informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) del que no dio traslado a las partes hasta el pasado martes cuando notificó el auto imputación.

A raíz de esta decisión, la incógnita que ahora planea es, si después de imputar a Acebes, el juez pueda apuntar más alto y llamar a declarar a otros dirigentes del PP que tuvieron responsabilidades en los años a los que se refiere la contabilidad paralela llevada por Bárcenas (1990-2008)

En octubre de 2013, Ruz ya rechazó citar como testigos al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, al expresidente José María Aznar, al exvicepresidente Rodrigo Rato y al exministro Jaime Mayor Oreja, al considerar que sus testimonios no eran necesarios para comprobar la veracidad de los apuntes de Bárcenas.

Antes de Acebes, en esta causa estaban imputados: los extesoreros Luis Bárcenas (en prisión desde el 27 de junio de 2013), Álvaro Lapuerta y Ángel Sánchis, el ex gerente del PP Cristóbal Páez, el gerente y el extesorero del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas y Lamberto García Pineda, respectivamente, el arquitecto que reformó la sede nacional de la calle Génova, Gonzalo Urquijo, y una veintena de empresarios acusada de hacer donaciones ilegales al partido.

Esta semana, y en relación a los "papeles de Bárcenas", Ruz ha imputado también al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) por la supuesta adjudicación irregular en 2007 de una contrata a Sufi, filial de Sacyr, a cambio de una comisión de 200.000 euros que se sospecha pudo servir para financiar la campaña electoral de 2007 de la actual presidenta castellanomanchega y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En el auto en el que le llama a declarar junto a otros testigos para el día 24, Ruz avanzaba que les citaba para completar la investigación de estos hechos denunciados por Bárcenas y, "en último término, el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas", lo que supondría la remisión de estas pesquisas al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha.