El Gobierno ha encargado a los servicios jurídicos del Estado un informe sobre todas las actuaciones encaminadas a la convocatoria de una consulta informal el 9 de noviembre en Cataluña y estudiará la impugnación de un proceso que, a juicio del Ejecutivo, es "antidemocrático".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó ayer de este encargo del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ante los pasos que está dando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, una vez que renunció a convocar una consulta soberanista oficial para el 9-N.
"Todo parece apuntar que la Generalitat pretende sustituir un proceso que a nuestro juicio era ilegal -y por eso lo recurrimos al Tribunal Constitucional- por otro todavía más antidemocrático", manifestó la vicepresidenta, quien acusó a Mas de transferir a los ciudadanos responsabilidades y obligaciones que ni siquiera él quiere asumir por escrito.
Sáenz de Santamaría recalcó que a los ciudadanos "no se les puede imponer, verbalmente o como sea, obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridad" y todo ello porque el presidente de la Generalitat ha decidido no asumir "la responsabilidad de la ilegalidad del proceso".
Subrayó que el Ejecutivo quiere trasladar tranquilidad y seguridad a esos ciudadanos, pues su primera obligación es hacer cumplir las leyes y respetar sus derechos.