El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz revela en un auto dictado ayer que el Partido Popular (PP) pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio pasado hasta alcanzar los 1,71 millones de euros.

El magistrado señala, a partir de un informe de la Agencia Tributaria, que las obras de reforma de la planta baja, que se llevaron a cabo en 2006, por lo que el delito fiscal podría haber prescrito, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal".

Según el auto, solo una parte de estos fondos (184.000 euros) "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto (566.095,04 euros) no aparece en sus manuscritos. Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento".

En junio pasado, el juez constató la existencia de otros cuatro descuadres entre la documentación hallada en la sede de Unifica y en la del PP, que se habrían producido en reformas llevadas a cabo a partir de 2008, por lo que el delito fiscal no habría prescrito: 211.160,77 euros en las facturas correspondientes a las obras de la planta segunda, 274.880,35 en las de la quinta, 256.426,33 en las de la tercera y 217.879,75 en las del cuarto piso.

Ruz destacaba entonces la "correlación" de estas cantidades con tres apuntes que el extesorero del PP anotó en su contabilidad B entre marzo y diciembre de 2008 como salidas para Gonz. Urquijo, Gonzalo (Arquitecto) y G.U. Se trata, en concreto, de 258.000 euros apuntados el 13 de marzo (supuestamente correspondientes a las obras de la planta quinta), 235.000 el 31 de julio (de la planta tercera) y otros 200.000 en diciembre (de la cuarta).

En este nuevo auto, que forma parte de la pieza separada del caso Gürtel en la que se investiga la contabilidad B del PP, el magistrado apunta que la documentación incautada en la sede de Unifica presupuestaba las obras de la planta baja en 1.066.752,58 euros.