Las asociaciones judiciales discrepan sobre la responsabilidad a la que se enfrenta el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en caso de incumplir la eventual suspensión del Tribunal Constitucional y seguir adelante con la consulta soberanista del 9 de noviembre.
La asociación Francisco de Vitoria cree que Mas y, en su acaso, los consejeros que den órdenes en el proceso podrían incurrir en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y desobediencia. Por su parte, Jueces para la Democracia considera "discutible" el terreno penal aunque no descarta un posible delito de desobediencia en caso de hacer oídos sordos a un requerimiento expreso del Alto Tribunal.
El portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que el presidente catalán y las autoridades que "estén al mando", como el consejero de Presidencia, podrían incurrir en estos ilícitos en caso de continuar con la consulta después de que el TC admita a trámite el recurso del Gobierno, lo que conllevará la suspensión.
En ese caso, ha indicado que el Gobierno podría actuar "en consecuencia", al tiempo que ha precisado que la responsabilidad recaería en los máximos responsables y "no tanto" en los funcionarios que cumplen sus órdenes.
UN ESCENARIO NUEVO Y JURÍDICAMENTE DUDOSO
Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, se trata de un asunto jurídicamente "dudoso" ya que esta infracción del ordenamiento jurídico podría ser susceptible de la vía de lo Contencioso-Administrativa. "La vía penal es bastante discutible", ha añadido.
En todo caso, ha considerado que el Tribunal Constitucional debería practicar un requerimiento o una resolución ejecutiva hacia una persona o institución para que pudiera existir un delito de desobediencia. "No creo que esté claro que pueda haber consecuencias penales automáticas por plantearse esta cuestión ya que no tiene las mismas consecuencias jurídicas de la consulta", ha afirmado.
"El Código Penal debe quedar reservado para infracciones muy graves", ha proseguido Bosch, para destacar que se trataría de un escenario jurídico "nuevo" en el que se discute el ordenamiento territorial o un conflicto de normas.