Sociedad Civil Catalana (SCC) ha denunciado hoy ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña el uso "ilegítimo" de los datos de los catalanes para la consulta del 9N, lo que en opinión de esta plataforma antisoberanista podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos.

En su escrito de denuncia ante la Fiscalía, la plataforma subraya que la Generalitat está enviando a los domicilios "propaganda" personalizada, con nombres y apellidos, en la que anima a la participación en la consulta alternativa del 9 de noviembre para pronunciarse "sobre el futuro político" de Cataluña.

En estas misivas, dice el escrito, se comunica a los catalanes que han recibido esta "propaganda" del 9N que los datos para el envío se han extraído del fichero de Registro de Población de Cataluña, titularidad del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), que tiene "únicamente" fines estadísticos.

Según Sociedad Civil Catalana, la utilización de los datos del Registro de Población de Cataluña para objetivos ajenos a los estadísticos, sin el "consentimiento" de los propios interesados, podría suponer una "vulneración" del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La Plataforma antisoberanista entiende, por ello, que se puede estar cometiendo un delito de revelación de secretos, previsto en el Código Penal, y que puede comportar en función del grado de implicación multas, inhabilitación e incluso penas de prisión.

En declaraciones a los medios tras la presentación de esta denuncia ante la Fiscalía, el vocal de la Junta de Sociedad Civil Catalana, Rafael Arenas, ha explicado que la plataforma se ha personado a raíz de las quejas que ha recibido de muchos catalanes a los que les ha llegado esta carta de la Generalitat sobre el proceso participativo del 9 de noviembre.

"Hemos denunciado una utilización ilegítima de los datos de los catalanes por parte del Idescat", ha afirmado Arenas, quien ha dicho tener la impresión de que se puede haber creado una "base de datos" de los catalanes que "no se ajusta" a derecho y que, por tanto, es "ilegal".

Sociedad Civil Catalana, ha agregado Arenas, ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía para que emprenda las investigaciones o actuaciones oportunas y determinar así responsabilidades en el supuesto de que las haya.

Arenas ha precisado que, sobre esta cuestión en concreto, la "base de datos" que pueda haberse creado no afecta a la consulta alternativa del 9N, ya que no existe un censo previo para poder participar.