La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del 9N puede ser constitutiva de delito, informaron fuentes jurídicas.

Según las mismas fuentes, se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas podría suponer un delito, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido el proceso.

Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender el proceso participativo convocado por la Generalitat para hoy, domingo, así como todas las actuaciones relacionadas con el mismo, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado "proceso de participación ciudadana".

La previsión de la Generalitat es que hoy se pueda votar en 942 de los 947 municipios catalanes, en concreto en 1.317 locales con 6.695 mesas con más de 40.000 voluntarios.

Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con la colaboración de los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios, aunque no tendrán "ninguna tarea especial", según la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.

El Gobierno central, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha planteado ante la inminente consulta que si la Generalitat no interviene en la misma, no actuará.

"Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", expuso el ministro.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, aseguró ayer que cualquier actuación fuera de lugar sería "un ataque directo" a la democracia y a derechos fundamentales como los de expresión y participación.

En una entrevista a TV3 grabada previamente al anuncio de que Fiscalía abre diligencias de investigación por la cesión de locales públicos para el 9N y preguntado sobre si teme que Fiscalía ordene ante una denuncia la retirada de urnas, ha considerado que no sabe qué harán pero "por poco sentido común que tengan, cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, espera que a partir de mañana, lunes, se "recupere la cordura" y emplazó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, al diálogo y a hablar "dentro del marco constitucional y de la ley".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, aseguró ayer, a pocas horas del 9N, que "considerar que las estructuras de Estado las conseguiremos a través de una negociación con el Estado español es un insulto a la razón y a nuestra dignidad", porque la independencia "no se negocia, se ejerce".

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, advirtió del "peligroso muro de la confrontación entre españoles" que se levanta con la consulta soberanista de Cataluña.