El Tribunal Supremo (TS) ha decidido investigar la posible implicación en el caso de los ERE de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de tres exconsejeros que como ellos tienen la condición de aforados.

El Supremo ha atendido al criterio de la Fiscalía y ha aceptado hacerse cargo de la parte del sumario que afecta a los parlamentarios nacionales: los diputados Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y los senadores Mar Moreno y José Antonio Griñán.

El alto tribunal ha designado al magistrado José Alberto Barreiro como instructor de la causa, cuya apertura ha motivado un alud de reacciones políticas.

Poco después de conocerse el auto, el PSOE avanzó que Chaves y Griñán se personarán "de inmediato" para declarar, a pesar de que aún no han sido citados formalmente, y recalcó que la apertura de la investigación no significa que exista ninguna imputación.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, reafirmó su confianza en la "honestidad y honradez" de ambos, pero reiteró que si se imputa algún delito a un aforado, "será la primera en pedirles que abandonen el escaño".

También fue preguntado al respecto el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, quien, tras pedir respeto a la presunción de inocencia, indicó que el PSOE tomará una decisión "en función de cuál sea el desarrollo de la investigación judicial" y recordó que en la actual etapa esas decisiones se caracterizan por la contundencia.

No obstante, el PP consideró suficiente la apertura de la investigación para que Susana Díaz reclame a los aforados que renuncien a sus actas. El portavoz adjunto de los populares en el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, pidió a la presidenta andaluza que "cumpla su palabra" y que "no le tiemble el pulso" ante sus antecesores.

También el diputado de UPyD Toni Cantó opinó que en su partido Chaves y Griñán "estarían fuera ya", y el coordinador de esa formación en Andalucía, Martín de la Herrán, solicitó incluso la convocatoria de elecciones autonómicas.

Mientras, Ricardo Sixto (IU) y Emilio Olabarria (PNV) reclamaron al PSOE tolerancia cero y que sea congruente con su código ético.

Será la Sala de lo Penal del Supremo la que verifique si en la exposición motivada que le envió la jueza Mercedes Alaya se consignan hechos que pudieran ser delictivos.