El nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales, Alfonso Alonso, que toma hoy posesión de su cargo, deberá culminar algunas de las cuestiones que ha dejado pendientes su antecesora Ana Mato, como la regulación para que las menores tengan que informar a sus padres en caso de interrupción del embarazo.

Este es uno de los asuntos que se incluirán en la futura ley de protección a la infancia, que el Gobierno aprobará previsiblemente en las próximas semanas, cuando Alonso ya esté sentado en el Consejo de Ministros, con el objetivo de dar un impulso social a la acción del Ejecutivo.

Así lo ha manifestado el propio Alonso esta mañana en el Congreso de los Diputados, en el que ha dicho también que lo que puede aportar al Ministerio es "escuchar", tratar de comunicar a los ciudadanos las políticas que se hacen y, sobre todo, "impulsar una agenda social para este Gobierno".

Un impulso que incluye también el plan integral de apoyo a la familia, que Alonso deberá sacar adelante próximamente con el objetivo de proteger a las familias y a las madres que estén en situación difícil.

Este plan, que cuenta con más de 200 medidas, plantea la posibilidad de establecer becas o ayudas específicas a jóvenes embarazadas en situación de vulnerabilidad o dificultad económica para que puedan seguir sus estudios preuniversitarios, universitarios o de formación profesional.

Una posible reforma de la ley sobre violencia de género, a la que el Ministerio está abierto siempre que haya consenso de todos los grupos políticos, es otro de los desafíos a los que se enfrentará Alonso, después de que este año fueran sido asesinadas 45 mujeres a manos de sus parejas y exparejas y tres menores hayan perdido la vida.

El Gobierno ya ha anunciado que modificará el artículo 1 de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, de 2004, para incluir a los menores como víctimas, por lo que tendrán acceso a todos los instrumentos y servicios que se aplican a sus madres.

Pendiente también está la inclusión en la ley de dependencia de 315.000 nuevos dependientes de grado moderado a partir de julio de 2005, con un presupuesto similar al de 2014, que la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, se comprometió a ampliar.

En la otra pata del Ministerio, la sanitaria, Alonso deberá culminar la implantación de la receta electrónica y la historia clínica digital, para que sean interoperables en todo el territorio nacional.

El desarrollo de los acuerdos de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que Mato firmó, en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con médicos y enfermeros, a los que posteriormente se unieron los farmacéuticos, es otro de los asuntos que la exministra deja sin resolver y que ha suscitado las críticas de los implicados.

Buena parte del sector sanitario le seguirá pidiendo a Alonso, como ya lo hiciera con Mato, la retirada de la reforma sanitaria, que, entre otras medidas, estableció el copago y la anulación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.

En un próximo Consejo Interterritorial, que estaba previsto celebrar hoy antes de que Ana Mato anunciara su dimisión, y que será el primero que presida Alonso, se aprobará incluir la vacuna del neumococo en el calendario común de vacunación infantil.

Hasta el momento, esta vacuna no estaba incluida pese a las reivindicaciones de los pediatras.

El Consejo Interterritorial del SNS, en el que se sientan el Ministerio y las comunidades autónomas, también dará luz verde a la modificación del calendario de la vacuna del papiloma humano, que se pondrá a las niñas a los 12 años en lugar de a los 14 fijados actualmente.