La polémica puesta en libertad por orden de la Audiencia Nacional de dos etarras, uno de ellos el histórico dirigente Santiago Arrospide, Santi Potros, es una decisión que no entiende el Gobierno, a favor de que la Fiscalía recurra estas excarcelaciones "humillantes" para las víctimas.
Un día después de que la sección primera de la Audiencia Nacional acordara la excarcelación de Santi Potros y el también etarra Alberto Plazaola de acuerdo con una normativa de la UE por la que se tiene en cuenta el tiempo que los reclusos han pasado en prisiones de Francia, el Ejecutivo ha sido claro: "Los ciudadanos no lo entienden y claramente nosotros tampoco".
Lo dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros en la que lamentó la "desazón" del propio Ejecutivo y, sobre todo, la de los ciudadanos al ver criterios judiciales "tan dispares y tan incomprensibles".
Y es que la decisión de excarcelar a estos dos etarras la ha tomado en solitario la sección primera de la Audiencia en contra el criterio de Fiscalía y de sus compañeros de la sección segunda.
Los magistrados están divididos sobre la interpretación de la normativa de la UE de 2008, incluida en la legislación nacional por una ley aprobada en noviembre en el Congreso de los Diputados.
Sáenz de Santamaría defendió que esa ley que salió de las Cortes dice "muy claro qué se puede y qué no se puede hacer". Las decisiones marco de la Unión no son aplicables directamente mientras no exista una trasposición de esa normativa, añadió.
Por todo, el Gobierno, en palabras de su vicepresidenta, se mostró "absolutamente de acuerdo con la Fiscalía de recurrir las decisiones ante el Tribunal Supremo". Un recurso que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya anunció se presentará ante la sala segunda del Tribunal Supremo para "que resuelva la discrepancia".