La infanta Cristina deberá responder ante un tribunal de Palma acusada de dos delitos fiscales en cooperación con su marido, Iñaki Urdangarin, porque el juez José Castro cree que hay indicios de que formó parte del presunto entramado corrupto en torno al Instituto Nóos.
El instructor del caso Nóos dictó ayer el auto de apertura de juicio oral para 17 personas y fijó fianzas por responsabilidades pecuniarias que suman 61,35 millones de euros, una reclamación que ha de ser satisfecha en el plazo de 20 días y que en el caso de la infanta asciende a casi 2,7 millones de euros.
Cuatro años y cinco meses después de abrir una pieza separada en la macrocausa del caso Palma Arena sobre las sospechas de malversación de fondos públicos por parte de Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres, Castro ha puesto en manos de la Audiencia provincial el caso con un auto que considera irrecurrible, aunque la defensa de la infanta y la acusación popular del PSOE de Valencia han anunciado que plantearán recursos.
El juez ha decidido sentar a la infanta en el banquillo solo con la acusación de Manos Limpias, que ejerce la acción popular, ya que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, junto con los abogados de la duquesa de Palma, reclamaron el sobreseimiento de la causa para Cristina de Borbón en atención a la llamada doctrina Botín.
Pero Castro argumenta en su resolución que, como había sugerido la Audiencia de Palma al mantener la imputación de la hermana del Rey, el caso difiere del que libró de juicio al banquero Emilio Botín porque la acusación pública y la representación de la Agencia Tributaria sí acusan a Urdangarin de delitos fiscales.
Subraya además que considerar que solo Hacienda es perjudicada por el delito fiscal "sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos".