La juez Mercedes Alaya ha imputado a 34 personas más en el caso de los ERE por su vinculación con las ayudas concedidas a Sierra Norte de Sevilla y ha ampliado las acusaciones contra ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler.
En un auto notificado ayer, la juez, que suma con estas nuevas imputaciones 265 acusados, también citó a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen un informe sobre las presuntas irregularidades en las ayudas de los ERE, que emitieron el 12 de diciembre del 2013.
Alaya también refirió al exconsejero de Empleo y diputado nacional José Antonio Viera, cuya investigación por su actuación en los ERE corresponde al Tribunal Supremo, y del que dijo que "era muy amigo" de uno de los imputados, el alcalde de Guadalcanal, Carmelo Montero (PSOE).
Viera asistió, junto al delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, a varias reuniones con el alcalde para lograr ayudas por más de dos millones de euros destinadas a tres empresas de materiales refractarios de Guadalcanal (Sevilla), según la juez.
En el auto, Alaya analiza una treintena de ayudas concedidas por valor de más de once millones de euros, la mayoría de ellas gracias a la amistad entre los empresarios y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.