El supuesto sobrecoste de las obras del tranvía de Parla, la infraestructura estrella de Tomás Goméz al frente de la Alcaldía de ese municipio de Madrid, ha terminado por arrollar al líder de los socialistas madrileños a solo tres meses de las elecciones autonómicas.
Desde octubre de 2014, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía investiga si el sobrecoste del tranvía de Parla, de una adjudicación inicial de 93 millones de euros a un gasto final de 256 millones, podría ser constitutivo de un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos.
La UDEF inició estas pesquisas a raíz de una petición del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla mediante un documento en el que solicitaba que determinaran si efectivamente se ejecutaron las obras que se aprobaron en la ampliación.
El Juzgado también ha requerido la comprobación de quiénes eran las personas que formaban parte de la unidad concesionaria Tranvía de Parla S.A. y si había conexiones entre esta sociedad y el Ayuntamiento de Parla (miembros de la Junta de Gobierno, técnicos que informaron de los proyectos de ampliación de las obras).
El proyecto del tranvía de Parla se gestó en 2004 siendo Tomás Gómez alcalde del municipio y su construcción, según defendió entonces, constituiría un nuevo elemento de transporte y un cambio del aspecto físico de esta localidad del sur de Madrid.
Tres años después, en 2007, el entonces alcalde más votado de España inauguraba la infraestructura ferroviaria acompañado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y sus compañeros y portavoces socialistas en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea, Miguel Sebastián y Rafael Simancas, respectivamente.
Supuestas ilegalidades se han hecho públicas desde entonces en el proceso del tranvía se hicieron públicas aunque desde el PSM se rebatían con que todas las facturas y certificaciones de las obras contaban con la supervisión del Consorcio Regional de Transportes.
Sin embargo, en 2013 el Ayuntamiento de Parla tuvo que aprobar un "reequilibrio" de la deuda con Tranvía de Parla S.A. por la que debería pagar en 30 años (desde la inauguración hasta 2037) 256 millones de euros (sumados intereses y sobrecostes), lo que suponía casi el triple de los 93 millones presupuestados inicialmente.
El tranvía de Parla entraba en vía muerta y a finales de ese año, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid admitía a trámite un recurso del PP de Parla basado en ese "reequilibrio" y en que las facturas pagadas en los últimos seis años, la mayoría de ellas gracias al Plan de Proveedores del Gobierno central, "estaban infladas".
Las sospechas de "pufo" se extendían dentro y fuera de la Comunidad de Madrid y el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, utilizaba la vía penal para denunciar al líder de los socialistas madrileños ante el Tribunal Supremo por concesiones "a dedo" de obras millonarias que han derivado en la "quiebra" del Ayuntamiento de Parla.
Finalmente, el pasado 14 de enero el Alto Tribunal concluyó que Gómez no tuvo ninguna participación en la concesión de la Línea 1 del Tranvía de Parla por este ayuntamiento.
En los últimos meses, dirigentes del PP auguraban que "el capricho" de Gómez de construir el tranvía de Parla le terminaría constando la candidatura de las elecciones autonómicas de mayo, lo que se ha hecho hoy efectivo.