El PP se ha quedado solo este martes en el Congreso rechazando que el exinformático del HSBC Hervé Falciani informe al Parlamento del fraude fiscal y de su lista de españoles con cuentas en Suiza. "La oposición sólo quiere enredar y hacer ruido político", ha dicho la portavoz ''popular'', Ana Madrazo.

En la Comisión de Hacienda, el socialista Pedro Saura ha dicho que el Congreso "no puede mirar para otro lado" y que debe investigar los mecanismos de evasión y ver cómo funcionan para poder legislar con conocimiento de causa.

Por eso el PSOE propuso en su día una subcomisión de estudio que fue desestimada por el PP y ahora reclamaba la comparecencia de Falciani y también la del secretario de Estado de Haciendo, Miguel Ferre. Izquierda Plural, por su parte, reclamó la presencia del ministro Cristóbal Montoro, pero el Gobierno prefirió ofrecer al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.

PORTAZO A QUIEN DEMOSTRÓ LA HIPOCRESÍA DEL SISTEMA

Alberto Garzón, de IU, ha expresado su indignación por la negativa del PP a citar a Falciani, al que considera la persona que "ha conseguido demostrar la hipocresía del sistema político español y europeo, del sistema financiero y de los trucos fiscales, a veces corruptos a veces legales, que permiten que unos delincuentes de cuello blanco acaben produciendo recortes en sanidad, educación y servicios públicos".

"Gracias, no a la justicia ni los gobiernos de PSOE y PP, sino a la filtración y al trabajo esforzado de periodistas internacionales y españoles, conocemos cómo muchas de estas personas, que son evasores fiscales y delincuentes de cuello blanco, que dicen ser patriotas, usan mecanismos de ingeniería jurídica y fiscal para evadir impuestos y ahondar la crisis económica".

A su juicio, rechazar la comparecencia de Falciani, que podía aportar información sobre un caso "extraordinariamente grave" como es el fraude fiscal, es "complicidad con los trucos fiscales, las trampas y el saqueo de gente como la familia Botín".

También el portavoz económico del PP, Álvaro Anchuelo, ha apoyado las tres comparecencias subrayando que la lista Falciani, aun siendo un caso del pasado, no se ha aclarado satisfactoriamente en España y "existe una sospecha muy fundada de trato de favor" porque a los que figuraban no se les abrió una investigación, que habría impedido la prescripción, sino que se les ofreció la regularización.

Toni Picó, de CiU, ha respaldado las comparecencias "desde la transparencia que debe iluminar este tema" y "para resolver todas las dudas". "Es necesario dar luz a este tema. si realmente se quiere actuar y dar una respuesta contundente a este tipo de cosas, y para ello serían oportunas las comparecencias", sostiene.

NO LES INTERESA LA RECAUDACIÓN HISTÓRICA

Pero el PP se ha cerrado en banda asegurando, por boca de Ana Madrazo, portavoz de Hacienda, que "a la oposición no le interesa en absoluto escuchar los avances en la lucha contra el fraude y los resultados históricos" que ofrece la Agencia Tributaria. Así, ha acusado a la oposición de "descender a la parte más oscura y menos noble de la política, intentando ensuciar, enredar, hacer ruido político".

El debate ha provocado también un cruce de acusaciones entre PP y PSOE sobre la actuación de sus respectivos Gobiernos en relación con la llamada ''lista Falciani''. Según Ana Madrazo, el Ejecutivo socialista aún debe explicar por qué en 2010 se limitó a enviar una "amable carta" a los mencionados en la lista para regularizar su situación tributaria y en cambio no iniciaron procedimientos de inspección, lo que "libró a muchos presuntos defraudadores de la vía penal y redujo al mínimo las sanciones aplicables". "Todavía estamos esperando esas explicaciones", ha señalado la diputada del PP.

Saura ha asegurado que, cuando la lista Falciani llegó a España, sólo se disponía de un mes para tomar decisiones y se siguieron recomendaciones técnicas de los servicios de inspección. Pero ha querido dejar claro que aquella exigencia del 52% más intereses y sanciones no puede compararse con la "repugnante amnistía fiscal" del PP en 2012, que supuso un "bonito regalo de sólo tener que pagar un 3% sin perseguir el origen del capital defraudado".