El instructor en el Supremo del caso de los ERE, Alberto Jorge Barreiro, recibió ayer un informe con nuevos argumentos de los peritos de la Intervención General del Estado contra las citadas ayudas públicas concedidas por la Junta de Andalucía que investiga el alto tribunal.
Los peritos consideraron en un informe que el uso de las transferencias de financiación por la Junta de Andalucía para las citadas ayudas sociolaborales, los ERE, fue "fraudulento". Los responsables de este sistema fraudulento serían, según los peritos, los responsables de la Consejería de Empleo, del Instituto de Fomento de Andalucía, que concedía las ayudas, y la Consejería de Economía y Hacienda.
La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán presentó ante el alto tribunal un contrainforme firmado por dos catedráticos rebatiendo aquellos argumentos.